El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que las penas para los funcionarios sinaloenses acusados de narcotráfico oscilan entre los 40 años de prisión y la cadena perpetua.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York especificó que el gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas de alto poder, delitos que conllevan una sentencia máxima de vida en prisión. Bajo el mismo expediente, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, están sujetos a las mismas penalidades debido a su presunta colaboración estratégica con el Cártel de Sinaloa. El pliego acusatorio resalta que la gravedad de los delitos, que incluyen el tráfico de fentanilo y metanfetaminas, justifica las penas más severas contempladas en el sistema judicial federal estadounidense.
Además del gobernador y el senador, la acusación incluye a figuras clave de la administración y seguridad pública estatal como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto. También se encuentran bajo proceso exmandos policiales como Marco Antonio Almanza Avilés y Gerardo Mérida Sánchez, quienes habrían facilitado la logística de la organización criminal. Para la mayoría de estos implicados, la ley federal estadounidense establece una sentencia mínima obligatoria de 40 años, asegurando que, de ser encontrados culpables, permanezcan en reclusión durante un periodo prolongado independientemente de su cooperación posterior.
La investigación detalla que algunos de los señalados, identificados bajo alias como «Cholo», «Tornado» y «Juanito», desempeñaron roles operativos directos en la protección de los cargamentos de droga y en la intimidación de opositores políticos. Las autoridades estadounidenses subrayaron que estas penas reflejan el daño social causado por la crisis de opioides y la violencia generada por el uso de armas de fuego vinculadas al narcotráfico. Hasta el momento, ninguno de los acusados se encuentra bajo custodia, ya que se presume que residen en territorio mexicano, por lo que el siguiente paso procesal dependerá de las solicitudes de extradición que formalice el Departamento de Estado.
El gobierno de Estados Unidos ha reiterado que el objetivo de estas sentencias es enviar un mensaje de cero tolerancia hacia los funcionarios extranjeros que utilicen el poder institucional para beneficiar a organizaciones terroristas y de tráfico de drogas.
