Juan de Dios Gámez Mendívil calificó como infundados los señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense, afirmando que su desempeño en el servicio público siempre se ha apegado a la legalidad.
El presidente municipal de Culiacán negó categóricamente las imputaciones vertidas por autoridades de Estados Unidos, las cuales lo vinculan en una presunta red de protección al Cártel de Sinaloa junto al gobernador Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios. A través de sus canales oficiales, el edil de Morena sostuvo que las acusaciones carecen de sustento y reiteró que su administración continúa enfocada en la atención ciudadana y el cumplimiento de sus responsabilidades diarias. Esta respuesta surge tras la apertura de una acusación formal en la que se le señala, junto a mandos policiales y estatales, de facilitar el trasiego de narcóticos a cambio de beneficios económicos.
Por su parte, el gobernador Rocha Moya también manifestó un rechazo absoluto a los cargos, describiéndolos como un ataque político sin veracidad que busca afectar el movimiento de la llamada Cuarta Transformación. La acusación del Departamento de Justicia sostiene que los implicados permitieron operaciones delictivas y compartieron información sensible con organizaciones criminales, particularmente con la facción de «Los Chapitos». Entre los señalados figuran personajes clave de la seguridad y las finanzas del estado, como Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Inzunza Cázarez, quienes presuntamente formaron parte de esta estructura de impunidad institucional.
Juan de Dios Gámez Mendívil asumió la alcaldía de Culiacán inicialmente en 2022 tras la destitución de su antecesor, consolidando su posición mediante el voto popular en las elecciones de 2024. Su trayectoria incluye cargos en el Issste y como delegado de programas federales, además de ser identificado como un colaborador cercano al actual mandatario estatal en tareas operativas y políticas. Pese a la gravedad de los cargos presentados en el Distrito Sur de Nueva York, el gobierno local insiste en que mantendrá sus funciones habituales mientras se desarrollan los cauces legales correspondientes ante las instancias internacionales.
El proceso judicial en el extranjero ha generado una serie de reacciones en el ámbito político nacional, mientras los funcionarios señalados preparan sus estrategias de defensa para enfrentar los cargos de conspiración y posesión de armamento.
