Marcos Pérez Esquer
La acusación presentada en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios estatales y municipales, es de una gravedad difícil de exagerar. No se trata de un rumor, de una filtración o de una columna malintencionada. Se trata de una acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que atribuye a autoridades mexicanas de alto nivel una cercana colaboración con el Cártel de Sinaloa, para facilitar tráfico de drogas, proteger operaciones criminales y, además, intervenir en la elección de 2021.
Lo esperable, ante un señalamiento de esa magnitud, habría sido una reacción de Estado: prudencia institucional, disposición plena a colaborar, apertura inmediata de investigaciones en México y un mensaje inequívoco de que nadie está por encima de la ley. Pero la reacción del gobierno federal y de la FGR ha sido exactamente la contraria. Inmediatamente pasaron de autoridades a defensores oficiosos. No se preocuparon por saber si Sinaloa fue entregado al crimen organizado, sino por construir una coartada para sus amigos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que no se han presentado “pruebas claras” y que, mientras eso no ocurra, las acusaciones parecen tener motivación política. La FGR y la Cancillería han seguido una línea similar: exigir pruebas desde este momento, como si estuviéramos ya ante la solicitud formal de extradición y no ante una fase previa de detención provisional.
El problema es que ese argumento no es ingenuo: es burdo. El artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos prevé precisamente la detención provisional en casos de urgencia. La lógica es sencilla: primero se solicita la detención para evitar la fuga de la persona reclamada; después, dentro de un plazo máximo de 60 días, la parte requirente debe presentar la solicitud formal de extradición con los documentos correspondientes. Es decir, ahora no es necesariamente el momento procesal para acompañar todo el expediente probatorio. Y ellos lo saben. Por eso resulta tan preocupante que usen un tecnicismo mal planteado para vestir de legalidad lo que constituye defensa política.
El doble rasero es monumental. En el caso García Luna, López Obrador y Sheinbaum no tuvieron reparo alguno en convertir los dichos de delincuentes confesos en verdad absoluta. Allí no exigían pruebas cada mañana. Allí no pedían cautela. Allí no se dolían de que Estados Unidos procesara a un mexicano. Allí celebraban el expediente como prueba de la corrupción de sus adversarios. Pero ahora, cuando los señalados pertenecen a Morena, resulta que los testimonios son “dichos”, las acusaciones son “políticas” y las autoridades extranjeras deben ser tratadas como sospechosas de conspirar contra la “transformación”.
También contrasta la manera en que el gobierno ha entregado a decenas de reos a Estados Unidos. En febrero de 2025 fueron entregados 29, y en agosto otros 26. En esos casos se abrió una discusión pública porque no se trató de extradiciones ordinarias sino de entregas extraordinarias al margen del procedimiento legal. Pero ahora que los reclamados son gobernador, senador, alcalde y funcionarios de Morena, el gobierno descubre repentinamente el amor por las formas procesales. Qué casualidad: para los reos, expulsión; para los cuates, garantismo premium.
Otro contraste. A Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, la han querido llevar al paredón mediático por combatir al crimen organizado y participar en operaciones que incluyeron cooperación internacional, incluso después del desmantelamiento de un narcolaboratorio de enorme escala. En cambio, frente a Rubén Rocha Moya, acusado no de no combatir al crimen sino de formar parte de él, la Presidencia se convierte en despacho defensor. A una gobernadora que enfrenta al narco la tratan como traidora; a un gobernador que pacta con él lo tratan como víctima.
Y hay un elemento más que no debe perderse: la intervención criminal en la elección de Sinaloa de 2021 fue denunciada oportunamente por la oposición. Se habló de violencia, privaciones ilegales de la libertad, robo de urnas, coacción del voto y presencia de grupos armados. El oficialismo lo despreció como pretexto de malos perdedores. Hoy, lamentablemente, esas denuncias reaparecen con una precisión escalofriante en una acusación extranjera. Qué vergüenza que México tenga que enterarse por fiscales de Nueva York de lo que hacen nuestras propias autoridades.
Queda la pregunta: ¿Sheinbaum extraditará a Rocha Moya o se arriesgará a una extracción al estilo Maduro o El Mayo?
