CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó una severa advertencia sobre el impacto «devastador» de la extorsión en el país, tras revelar que durante el primer trimestre del año se registraron 2,925 víctimas de este delito, una cifra que enciende los focos rojos en el sector productivo nacional.
Un primer trimestre crítico
El análisis del organismo empresarial dibuja un panorama sumamente adverso para los negocios. La cifra de 2,925 víctimas entre enero y marzo no es solo un dato estadístico, sino que representa miles de historias de emprendedores y compañías que operan bajo una amenaza constante.
Este número, basado en registros oficiales, se traduce en un promedio alarmante de más de 32 casos diarios en todo el territorio. La Coparmex subraya que esta situación pone en jaque la viabilidad de muchas empresas, especialmente las más pequeñas, que son las más vulnerables ante el crimen.
El impacto real: más allá del dinero
La confederación ha sido enfática al señalar que la extorsión es un freno directo al desarrollo económico. Este delito no solo implica una pérdida monetaria para las víctimas, sino que también genera un clima de miedo e incertidumbre que paraliza la inversión y la creación de nuevos empleos.
Obliga a los empresarios a desviar recursos que podrían destinarse a la innovación o la expansión. En los casos más trágicos, la presión se vuelve insostenible, forzando a los negocios a bajar la cortina de manera definitiva, con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo para la comunidad.
Un llamado urgente a las autoridades
Frente a este escenario, la Coparmex considera que las estrategias actuales para combatir este flagelo han sido insuficientes. El organismo exige una respuesta mucho más enérgica y coordinada por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para frenar esta escalada delictiva.
La falta de resultados tangibles, advierten, no solo perpetúa la impunidad, sino que también desincentiva la denuncia por parte de los afectados, creando un círculo vicioso que fortalece a las redes criminales que operan a lo largo y ancho del país.
El sector empresarial mantiene su exigencia de un plan integral que garantice la seguridad y el Estado de derecho, condiciones que consideran indispensables para que las empresas puedan operar y seguir contribuyendo al progreso de México. La atención a este problema, afirman, es una prioridad impostergable.
