Investigan a gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal

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El diario estadounidense Los Angeles Times reportó que el gobierno de Estados Unidos mantiene investigaciones penales contra los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo y Américo Villarreal. El informe periodístico señala que a ambos mandatarios estatales les fueron revocadas sus visas de ingreso a territorio estadounidense debido a estos procesos.

La publicación del medio internacional detalla que las indagatorias bilaterales se concentran en diferentes vertientes delictivas para cada funcionario de las entidades fronterizas. En el caso de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad federal, las autoridades norteamericanas indagan presuntos vínculos con la delincuencia organizada, mientras que Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas, es señalado por supuestas actividades relacionadas con el contrabando de combustible. El reporte técnico añade que ambos se encuentran integrados bajo esquemas administrativos de cooperación orientados a la obtención de datos probatorios.

Este escenario se suma a los expedientes procesales abiertos previamente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de servidores públicos del estado de Sinaloa. El pasado mes de abril, las fiscalías federales emitieron acusaciones formales contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de esa entidad por supuestos nexos operativos y financieros con facciones del narcotráfico a cambio de apoyo logístico y electoral, derivando en la entrega voluntaria de algunos implicados ante las cortes de Nueva York.

La difusión de las investigaciones generó diversas reacciones en los círculos políticos debido al impacto potencial en las estructuras gubernamentales vigentes y en la agenda de procuración de justicia compartida entre México y Estados Unidos. Las agencias encargadas del caso en la Unión Americana indicaron que los procedimientos de verificación e intercambio de información institucional continuarán bajo los canales diplomáticos y judiciales correspondientes para el desahogo de las pruebas recabadas.

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