El asesinato de Flaviano López Martínez, militar retirado y chofer de plataforma de 50 años, ha abierto un debate sobre las sanciones previstas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California detuvo a tres menores de edad, identificados como Sheyla Sugey «N» (de 16 años), su hermano Dylan Osmar «N» (de 15 años) y un tercer implicado de 13 años, como presuntos responsables del homicidio de Flaviano López Martínez. La víctima, un militar en situación de retiro que trabajaba como conductor de la aplicación DiDi, fue reportada como desaparecida el pasado 9 de julio tras salir de su domicilio en el Conjunto Urbano Esperanza en Mexicali. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los adolescentes abordaron el vehículo y, durante el trayecto, le dispararon en la cabeza; posteriormente, trasladaron el cuerpo a una zona despoblada cerca del fraccionamiento Villas del Colorado para incinerarlo con el fin de ocultar el crimen.
La detención de los implicados se registró cuando intentaban darse a la fuga, quedando posteriormente a disposición del agente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes. Durante el proceso de identificación, las autoridades ministeriales corroboraron que Sheyla y Dylan son hijos de Selina Álvarez Prado, una mujer de 32 años que permanece recluida tras ser detenida en abril pasado por el homicidio de su expareja en la colonia Hidalgo, crimen presuntamente perpetrado para sustraer a su hijo menor de 2 años de edad. Esta coincidencia familiar y la extrema violencia empleada en el asalto al conductor de plataforma han generado consternación e indignación entre los sectores sociales de la capital del estado.
Ante la gravedad del suceso, familiares de la víctima y organizaciones civiles han solicitado formalmente que los implicados reciban un juicio bajo la normativa penal para adultos; sin embargo, el marco constitucional actual limita estrictamente las condenas para este sector de la población. De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Sheyla Sugey podría recibir una pena máxima de internamiento de cinco años por su rango de edad, mientras que su hermano Dylan Osmar alcanzaría un límite de tres años de reclusión en un centro especializado. Por su parte, el menor de 13 años no es sujeto a medidas privativas de la libertad debido a su minoría de edad contemplada por la ley, pudiendo recibir únicamente sanciones de carácter formativo o medidas no privativas de la libertad por un periodo máximo de un año.
