El exembajador estadounidense reafirmó que el operativo no fue ejecutado por agencias de su país, contradiciendo los señalamientos de la FGR que acusan al exdiplomático de faltar a la verdad.
El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, emitió un pronunciamiento directo en respuesta a los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a las inconsistencias en torno a la captura del narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024. Salazar ratificó la postura original compartida por él y el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, sosteniendo que el Gobierno de México fue notificado formalmente desde las primeras horas del arresto que la aeronave, el piloto y la logística de traslado no formaron parte de una operación diseñada o ejecutada por agencias de seguridad estadounidenses. El diplomático refirió que los detalles cronológicos de dicha comunicación institucional quedaron registrados en un capítulo de su reciente obra escrita de carácter biográfico.
La aclaración del exrepresentante norteamericano se suscita luego de que la presidenta Sheinbaum cuestionara públicamente la veracidad de los informes estadounidenses durante su conferencia matutina del pasado martes 7 de julio. La mandataria federal basó su extrañamiento en reportajes periodísticos recientes donde se expone que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se atribuye la ejecución del operativo de traslado de Zambada a territorio estadounidense. Ante esta contradicción de narrativas, el Gobierno de México solicitó formalmente una aclaración detallada a Washington, argumentando la necesidad de esclarecer el nivel real de intervención de las agencias extranjeras en el espacio aéreo y territorial del país.
En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) formalizó una acusación institucional contra Ken Salazar por presuntas violaciones graves a sus deberes diplomáticos. La fiscal Ernestina Godoy y el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, calificaron como falsas las declaraciones que Salazar rindió en agosto de 2024, argumentando que los datos duros recabados en la carpeta de investigación en México confirman la participación material del FBI. La representación social de la Federación señaló que dicha conducta contraviene principios rectores de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de la Carta de las Naciones Unidas, aunque acotó que las repercusiones legales del diferendo se limitarán al ámbito del derecho internacional debido a la inmunidad que protegía al exfuncionario durante su gestión.
