En Guerrero operan varios grupos delictivos, entre ellos Los Tlacos y Los Ardillos identificados por García Harfuch y sin ninguna detención importante.
Citlali Guerrero
La detención en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, y la posterior entrega a las autoridades estadounidenses, en Irlanda, de su exsecretario de Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, marcan un antes y un después para los gobiernos emanados del movimiento de la Cuarta Transformación, fundado por Andrés Manuel López Obrador.
De comprobarse la culpabilidad de ambos exfuncionarios, el siguiente en la ruta podría ser el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, lo que provocaría una profunda crisis de credibilidad en un movimiento que juró no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.
La presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos para que México detenga y entregue a políticos ligados con el crimen organizado llega en un momento clave para la selección de candidatas y candidatos de Morena a gubernaturas, diputaciones federales y locales rumbo a 2027. Sin duda, esto pondrá a prueba lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sostenido que el movimiento al que pertenece no pacta con el crimen organizado y no es igual al PAN —cuyo exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se encuentra encarcelado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico— ni al PRI, históricamente marcado por la corrupción.
Por eso, ya lo dijo Ariadna Montiel Reyes: los filtros para la selección de candidatas y candidatos de Morena en 2027 serán estrictos, y aunque alguien gane una encuesta, si tiene antecedentes de corrupción no será postulado.
A este filtro se suma el que ya está establecido en los estatutos de Morena y que volvió a reiterar Citlalli Hernández Mora, coordinadora de la Comisión Nacional de Elecciones, durante el anuncio de la coalición con el Partido Verde Ecologista y el PT: no postular a familiares hasta en cuarto grado para suceder a gobernadores, gobernadoras y presidentes municipales.
A estos dos filtros —cero corrupción y cero nepotismo— Morena está obligado, por el caso Rocha, a agregar uno más: garantizar que sus candidatas y candidatos no tengan vínculos ni hayan sido señalados por relaciones con el crimen organizado. Y en Guerrero deberá ponerse una lupa especialmente grande y sin empañar, pues desde las elecciones de 2021 distintos actores políticos advirtieron sobre la influencia de grupos delictivos en la postulación, triunfo o derrota de candidatas y candidatos.
Basta recordar que los candidatos del PRD y del PRI en San Marcos y Las Vigas tuvieron que salir huyendo ante presuntas amenazas del crimen organizado. Finalmente, el Partido Verde Ecologista ganó en San Marcos y Morena en Las Vigas, partidos que mantendrán la alianza en 2027.
Diversos personajes políticos de Guerrero han sido señalados por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, principalmente en la Zona Centro, Tierra Caliente y las costas Grande y Chica.
A estas alturas, sin duda, Omar García Harfuch ya tiene el mapeo y la cartografía de la influencia que ejercen grupos como Los Ardillos, Los Tlacos, Los Rojos, Los Rusos, el CIDA y la Familia Michoacana, por mencionar algunos de los más visibles. Y seguramente sabe perfectamente quiénes se han sentado a negociar con ellos, porque de otra manera no se explica que ningún líder importante de esos grupos haya sido detenido en la entidad.
Ese mismo mapeo, seguramente, también lo tienen la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia nacional de Morena. Por ello, todo indica que este nuevo filtro se sumará a los ya anunciados de no corrupción y no nepotismo.
Con estos criterios, no habrá mucho margen para elegir candidatas y candidatos con una trayectoria política limpia e intachable, que es precisamente lo que hoy más necesita Morena para presentar el caso de Rubén Rocha y sus exfuncionarios como un hecho aislado. El tiempo apremia y el margen de maniobra política cada vez es menor.
