El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó acusaciones formales por narcotráfico y lavado de dinero contra Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas durante la gestión del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública y militar en retiro, compareció ante una corte federal de Manhattan tras ingresar a territorio estadounidense para ponerse a disposición de las autoridades judiciales. Fiscales de Nueva York sostienen que el exmando policiaco mantenía vínculos operativos con la facción de «Los Chapitos», recibiendo presuntos pagos mensuales de 100 mil dólares a cambio de filtrar información anticipada sobre operativos federales en narcolaboratorios. Previamente, Mérida Sánchez había obtenido una suspensión legal provisional en Michoacán para frenar su extradición desde México, recurso que quedó sin efecto al presentarse en la jurisdicción norteamericana.
Por su parte, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se entregó de manera voluntaria ante las autoridades neoyorquinas tras viajar desde Europa. Reportes judiciales indican que el exencargado de las finanzas estatales busca negociar un acuerdo de colaboración institucional con la fiscalía estadounidense para reducir su posible condena a cambio de aportar información sobre la red de corrupción y el manejo de recursos dentro de la administración pública local.
La acusación contra Mérida Sánchez y Díaz Vega forma parte de un expediente masivo que involucra a un total de 10 servidores y exservidores públicos de la entidad sinaloense, señalados por facilitar el tráfico a gran escala de fentanilo, cocaína y metanfetaminas. Entre los nombres incluidos en las investigaciones norteamericanas destacan figuras de la política regional como el senador de Morena, Enrique Inzunsa Cázarez, el exvicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, y Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros exfuncionarios operativos.
El desarrollo de las próximas audiencias en las cortes federales de Nueva York determinará la gravedad de las sentencias y la posible emisión de nuevas órdenes de aprehensión, sentando un precedente sobre el escrutinio de las agencias internacionales en las estructuras gubernamentales de la entidad.
