La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que un juez federal dictara el auto de vinculación a proceso en contra de nueve personas señaladas como parte de una red de lavado de dinero y fraude.
A los imputados se les atribuyen los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo. De acuerdo con las carpetas de investigación, el grupo identificado como ‘Los Petrofactureros’ utilizaba una estructura financiera compleja para blanquear activos provenientes de actividades ilícitas. Entre los vinculados se encuentran Lizitza Anaid Pineda, Héctor Iván Pineda y José Arturo Salvador Torres, además de otras seis personas que formaban parte operativa de la organización.
Las indagatorias ministeriales revelaron que esta célula delictiva administraba más de 40 empresas fachada distribuidas en los sectores de logística, energía y transporte, principalmente en el Estado de México, Chihuahua y Querétaro. Estas compañías eran utilizadas para simular operaciones comerciales y movilizar grandes sumas de dinero dentro del sistema financiero nacional sin levantar sospechas iniciales. El Ministerio Público Federal presentó las pruebas que acreditan la participación de los detenidos en el esquema defraudador, permitiendo que el proceso judicial continúe su curso.
La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra nueve personas por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud, y posesión de cartuchos y cargadores. Derivado de trabajos del @GabSeguridadMX, se… pic.twitter.com/Ob5ZCRwF9n
— FGR México (@FGRMexico) May 3, 2026
El juez de control fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual la FGR podrá recabar mayores evidencias sobre el alcance de la red criminal y sus vínculos con otros sectores económicos. Por el momento, los nueve procesados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se desahogan las etapas del juicio. Esta acción forma parte de los esfuerzos institucionales por desarticular estructuras dedicadas a la creación de empresas fantasma y el desvío de recursos en sectores estratégicos del país.
