Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Hernán Bermúdez Requena por el delito de peculado, sumando un nuevo cargo legal al exfuncionario que ya enfrenta múltiples procesos por delincuencia organizada.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó este lunes que, tras la audiencia correspondiente, la autoridad judicial determinó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Bermúdez Requena, quien se desempeñó como titular de la seguridad pública estatal entre 2019 y 2024, es acusado en esta instancia de malversación de recursos públicos en agravio del patrimonio del estado. Por este delito, el imputado podría alcanzar una pena de hasta 14 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de multas proporcionales al monto sustraído.
Actualmente, el exfuncionario se encuentra recluido en el penal federal de máxima seguridad «El Altiplano», sitio al que fue trasladado tras su detención en Paraguay en septiembre de 2025. Los investigadores lo señalan como presunto líder de la organización criminal «La Barredora», grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que enfrenta juicios paralelos por asociación delictuosa, extorsión, secuestro y desaparición forzada. La orden de aprehensión por el delito de peculado fue cumplimentada el pasado 7 de abril, luego de que las auditorías estatales detectaran irregularidades financieras durante su gestión administrativa.
La resolución del juez ratifica la medida de prisión preventiva justificada mientras se desahogan las pruebas de la investigación complementaria en los próximos 120 días. La trayectoria de Bermúdez Requena en el servicio público coincidió con la administración del entonces gobernador Adán Augusto López, periodo durante el cual ya era objeto de seguimiento por presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico. La Fiscalía reiteró que el proceso se llevará a cabo con estricto apego a la legalidad para esclarecer el destino de los recursos desviados y asegurar la sanción correspondiente por los daños al erario público.
