Militantes y simpatizantes del partido realizaron una movilización masiva en la capital del estado para exigir el desafuero de la gobernadora, tras revelarse la participación de presuntos agentes estadounidenses en tareas de seguridad local.
La manifestación pacífica partió de la Glorieta de Pancho Villa con destino al Palacio de Gobierno, encabezada por integrantes de la dirigencia nacional como Ariadna Montiel y Andrés Manuel López Beltrán. El contingente avanzó por las calles céntricas bajo consignas que calificaron el despliegue binacional como una violación directa a la soberanía del país, mientras que los liderazgos partidistas acusaron presuntos intentos de sabotaje logístico por parte de la administración estatal de extracción panista. La movilización transcurrió bajo el resguardo preventivo de comercios locales y la aparición de mantas de confrontación política colocadas en edificios públicos, donde el gobierno local defendió sus estrategias de protección familiar frente a la delincuencia.
El origen de la disputa parlamentaria y social se remonta al pasado 19 de abril, fecha en la que dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación y dos elementos vinculados a la Embajada de Estados Unidos perdieron la vida en un percance vial tras un operativo contra narcolaboratorios en el municipio de Morelos. La controversia escaló a nivel diplomático luego de que reportes de la prensa internacional señalaran que los ciudadanos norteamericanos pertenecían presuntamente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), operando en territorio mexicano sin el conocimiento formal ni la autorización previa de las dependencias del Gobierno federal.
La dirigencia del partido ratificó que mantendrá las acciones de protesta y los procedimientos legislativos orientados a promover un juicio de desafuero en contra de la gobernadora María Eugenia Campos. Los argumentos jurídicos de la parte demandante sostienen que consentir la intervención operativa de personal de inteligencia extranjero en labores de campo contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Seguridad Nacional. Por su parte, las autoridades estatales y las fuerzas políticas de oposición en la entidad defendieron la legitimidad de los convenios de cooperación internacional enfocados en el combate a las estructuras del crimen organizado en la región serrana.
