Las autoridades de México y Estados Unidos coordinaron una ofensiva financiera conjunta orientada a desarticular la red corporativa y debilitar el flujo de recursos ilícitos del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Gobierno de Estados Unidos formalizó la imposición de sanciones contra 39 personas y 16 empresas mexicanas vinculadas operacional y financieramente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En forma simultánea, las autoridades mexicanas procedieron al bloqueo de las cuentas bancarias de los involucrados e incorporaron a la lista de restricción a otros ocho individuos identificados dentro del mismo entramado delictivo. La medida, coordinada por el Departamento del Tesoro estadounidense y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responde a una estrategia orientada a asfixiar la capacidad operativa de la organización criminal y contener el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas hacia territorio norteamericano.
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Gobierno mexicano detectó severas inconsistencias entre las declaraciones tributarias y los flujos dentro del sistema bancario, así como operaciones sospechosas asociadas a la compra de inmuebles, joyería y vehículos de alta gama. Las indagatorias revelaron la existencia de estructuras corporativas con actividad económica simulada, dedicadas principalmente a giros como la venta de bebidas alcohólicas y la comercialización de gas. Ante estos hallazgos, la UIF interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar los procedimientos penales conducentes contra las entidades y prestanombres implicados.
Entre los individuos sancionados figura Juan Carlos González, alias “Pelón”, señalado por los servicios de inteligencia de EE.UU. como el nuevo líder del CJNG tras el fallecimiento de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrido en febrero durante un operativo federal en Jalisco. González, quien ostenta doble nacionalidad (mexicana y estadounidense), afronta además una recompensa de cinco millones de dólares fijada por el Departamento de Estado. Las investigaciones sitúan el entramado financiero bajo la supervisión de mandos allegados a la cúpula directiva del cártel, constituyendo un pilar fundamental para el sostenimiento económico de la estructura delictiva.
Estas acciones se enmarcan en la postura del Gobierno de Estados Unidos, que mantiene al CJNG catalogado como organización terrorista extranjera junto con otras agrupaciones del crimen organizado como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, derivando en un incremento en la presión diplomática e institucional sobre las estructuras de lavado de dinero que operan en ambos lados de la frontera.
