El Gobierno de Estados Unidos implementará una política global de restricción de visados orientada a sancionar a extranjeros y sus familiares directos vinculados a delitos cibernéticos y sextorsión.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la puesta en marcha de una nueva normativa global que faculta la cancelación y denegación de visados a ciudadanos extranjeros identificados como responsables, cómplices o facilitadores de delitos cibernéticos. Las restricciones, fundamentadas en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, abarcan de forma explícita esquemas ilícitos de estafas digitales e incidentes de sextorsión, definidos como el chantaje mediante la amenaza de difundir imágenes o contenidos de carácter íntimo. La disposición oficial incluye una cláusula que extiende estas penalizaciones de visado a los familiares inmediatos de los involucrados en dichas operaciones criminales.
Las autoridades estadounidenses informaron que los fraudes de inversión en línea, ejecutados principalmente por organizaciones criminales transnacionales radicadas en el exterior, generaron pérdidas económicas a ciudadanos de ese país superiores a los 10 mil millones de dólares durante el ejercicio de 2024. Los análisis del Departamento de Estado indican que el capital obtenido mediante estas modalidades cibernéticas financia otras actividades delictivas de alcance global, incluyendo el lavado de dinero, esquemas de corrupción institucional y redes de trata de personas en diversas regiones.
El reporte oficial enfatiza además la identificación de redes delictivas internacionales operadas por extranjeros que dirigen agresiones de sextorsión específicamente hacia menores de edad en territorio estadounidense. Para hacer frente a esta problemática, la administración del presidente Donald Trump articulará las restricciones migratorias con un conjunto de mecanismos legales y judiciales que abarcan el procesamiento penal, el decomiso de activos financieros, solicitudes formales de extradición y el fortalecimiento de la cooperación policial a nivel internacional.
La implementación de esta política de visados consolida el uso de instrumentos migratorios por parte de Washington como medida disuasoria y de presión directa contra el crimen organizado transnacional especializado en delitos tecnológicos y financieros.
