La Fiscalía General de la República asumió la jurisdicción formal del expediente penal radicado originalmente en el fuero común, incrementando la coordinación institucional para localizar a la comunicadora en la región sur del estado.
Durante una conferencia de prensa en Xalapa, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que la fiscalía especializada del organismo federal ejerció de manera formal su facultad constitucional de atracción. El mandato ministerial obligó a las dependencias locales a realizar el traslado físico y legal de la carpeta de investigación hacia la Ciudad de México. De acuerdo con los registros ministeriales, la periodista fue privada de su libertad el pasado 2 de junio tras ser sustraída de su domicilio en el municipio de Nanchital por un comando armado, sin que hasta el momento se tengan reportes sobre su paradero.
La legislación federal faculta a la FGR para atraer delitos del fuero común cuando se vulnera el derecho a la información o se afecta de forma directa la integridad de comunicadores y periodistas en el ejercicio de sus funciones.
La fiscal general de la entidad detalló que durante los primeros días posteriores al hecho, la institución a su cargo implementó operativos de búsqueda en campo, desahogo de entrevistas con testigos y la elaboración de dictámenes periciales técnicos. Asimismo, Jiménez Aguirre desmintió las versiones circuladas en plataformas digitales respecto a supuestas detenciones o la localización de la víctima, precisando que, aunque la conducción jurídica del caso corresponderá a la Federación, la estructura operativa estatal coadyuvará de forma permanente en las diligencias operativas que determine el Ministerio Público Federal.
Previo a la cesión del expediente al ámbito federal, la fiscalía del estado mantenía abiertas dos líneas de investigación principales bajo reserva judicial. Los colectivos defensores de la libertad de expresión y organizaciones de periodistas en Veracruz mantienen esquemas de monitoreo sobre las acciones de búsqueda, exigiendo que la intervención de los cuerpos de seguridad federales agilice los protocolos de localización e identifique a los autores materiales e intelectuales de la sustracción.
