CIUDAD DE MEXICO.- En una polémica decisión, una empresa señalada por un gigantesco esquema de lavado de 6 mil 603 millones de pesos ganó un juicio clave para salir de la «lista negra» de factureras del SAT. Pese a esta victoria administrativa, la Fiscalía General de la República (FGR) no da tregua y mantiene una acción penal abierta en contra de los dueños, manteniendo el escándalo en el ojo del huracán.
Un Respiro Legal Ante el SAT
El triunfo de la compañía se dio en el ámbito fiscal y administrativo. Tras un prolongado proceso en tribunales, logró una sentencia que obliga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a retirarla de su listado oficial de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Esta lista es una herramienta clave del gobierno para identificar y exhibir a contribuyentes que emiten facturas falsas para amparar operaciones inexistentes.
La FGR Mantiene la Acusación Criminal
Sin embargo, esta «limpieza» de nombre no se extiende al ámbito penal. Fuentes federales confirman que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación y el proceso judicial en contra de los propietarios de la empresa. La acusación es contundente: ser los cerebros detrás de una red de blanqueo de capitales que movilizó la monumental cifra de 6 mil 603 millones de pesos, un golpe crítico a las finanzas públicas.
Actualmente, el caso presenta dos realidades paralelas: una empresa administrativamente absuelta por el SAT y unos dueños que enfrentan la posibilidad de severas condenas penales. La FGR sigue adelante con su caso, buscando fincar responsabilidades por uno de los fraudes de facturación más grandes detectados recientemente, cuyo desenlace final aún está por escribirse en los tribunales federales.
