Grupos ambientalistas, defensores de los derechos civiles y comunidades indígenas demandaron la restauración de la reserva Big Cypress luego de que el gobierno de Florida oficializara la clausura del complejo.
Diversas organizaciones civiles, defensores de los derechos de los inmigrantes y representantes de la tribu Miccosukee exigieron a los gobiernos federal de Estados Unidos y estatal de Florida rendir cuentas por el impacto ecológico y humanitario atribuido al centro de detención Alligator Alcatraz. El pronunciamiento se realizó mediante una conferencia de prensa en los accesos de la instalación, ubicada en la Reserva Nacional Big Cypress, un día después de que el gobernador Ron DeSantis anunciara el cese de operaciones del sitio. Los colectivos demandaron un plan inmediato de remediación para la zona de humedales tras cumplirse un año del inicio de las obras de edificación en el área protegida.
El complejo penitenciario fue construido en junio de 2025 por la administración de Florida bajo los requerimientos del gobierno federal encabezado por Donald Trump, lo que desató recursos jurídicos por violaciones a las normativas de conservación ambiental y a los derechos de los pueblos originarios. Aunado a las afectaciones en el acuífero que abastece al sur del estado y al hábitat de especies protegidas como la pantera de Florida, los activistas denunciaron fallas sistémicas en el trato a los internos. Reportes de organismos como Amnistía Internacional e intervenciones de tribunales federales documentaron condiciones de insalubridad, aislamiento prolongado y restricciones severas al debido proceso y al acceso de asesoría legal.
Por su parte, el gobernador Ron DeSantis defendió la operación del centro al afirmar que la infraestructura cumplió con los objetivos institucionales de la administración tras facilitar cerca de 30 mil deportaciones adicionales. El mandatario estatal subrayó que Florida concentra más del 40 % de las detenciones migratorias a nivel local en el país, posicionando su estrategia de colaboración con el gobierno federal como un referente para otras entidades. Pese al cierre del centro, motivado en parte por costos operativos superiores al millón de dólares diarios, los comités de defensa civil advirtieron que mantendrán el monitoreo sobre el traslado de los detenidos hacia otros centros penitenciarios del país.
