Marcos Pérez Esquer
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que para 2027 no habrá nuevos impuestos ni aumentos de impuestos. La afirmación suena bien, pero es mentira.
Pareciera sostener su dicho en el hecho de que, en el paquete económico 2027, no propone aumento alguno a la tasa del impuesto, en especial del Impuesto Sobre la Renta. Pero un impuesto no se compone únicamente de una tasa.
Desde la teoría tributaria más elemental, todo impuesto tiene cuatro elementos esenciales: sujeto, objeto, base y tasa. El sujeto es quien debe pagarlo; el objeto, el hecho o actividad que se grava; la base es la cantidad sobre la cual se calcula, y la tasa es el porcentaje que finalmente se aplica.
Por eso, para aumentar un impuesto no es indispensable subir su tasa. También puede hacerse ampliando el número de sujetos obligados, extendiendo aquello que se grava o, como pretende hacer ahora el Gobierno, aumentando la base gravable.
La tasa general del ISR para las empresas seguirá siendo de 30%. Eso permite al Gobierno decir, técnicamente, que “no aumentó la tasa”. Pero simultáneamente propone diversas restricciones que harán que las empresas puedan deducir menos y, por tanto, que la utilidad o base gravable sobre la cual deberán pagar ese mismo 30% sea mayor.
Es decir: la tasa queda igual, pero el impuesto sí aumenta.
La reforma propone, para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, un nuevo límite general a las deducciones. Cuando éstas no superen 96.67% de los ingresos, ya no podrán aplicarse íntegramente en el ejercicio, sino sólo en un 99%. Y cuando excedan aquel porcentaje, la deducción del ejercicio quedará limitada precisamente a 96.67% de los ingresos. El resto podrá diferirse, pero el efecto inmediato es evidente: aumentar artificialmente la utilidad fiscal y cobrar más ISR hoy.
Algo semejante ocurre con las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Actualmente una empresa puede aplicarlas contra su utilidad hasta agotarlas, dentro del plazo que establece la ley. La propuesta pretende que sólo pueda utilizarse cada año hasta 50% de la utilidad fiscal. Una empresa que, conforme a las reglas actuales, podría neutralizar una utilidad de 100 millones con pérdidas acumuladas por la misma cantidad y no pagar ISR ese año, sólo podría aplicar 50 millones y tendría que pagar impuesto sobre los otros 50.
También se endurece la deducibilidad de los intereses. Hoy, en términos generales, la limitación se calcula considerando 30% de la utilidad fiscal; la iniciativa pretende reducir ese parámetro a 20%. Otra vez: menor deducción, mayor base, mayor impuesto.
Pero quizá uno de los aspectos más agresivos está en los pagos provisionales.
Hoy cada empresa calcula un coeficiente de utilidad con base en su propia rentabilidad histórica. Para 2027, Hacienda propone multiplicar ese coeficiente por factores de 1.0658 o de 2.6162, dependiendo del nivel de deducciones. En el supuesto más gravoso, el coeficiente utilizado para calcular los anticipos mensuales aumentaría 161.62% respecto del que realmente deriva de la operación histórica de la empresa.
El Gobierno no sólo pretende cobrar más: pretende cobrarlo antes. Financiarse todo el año con el dinero de las empresas, aunque luego tenga de devolverlo. Ya veremos qué pretextos o tardanzas se inventa después, pero entretanto, con esos pagos provisionales inflados, las empresas no solo terminarán financiando al Gobierno, sino que prescindirán de los recursos que podrían necesitar para invertir, contratar trabajadores o simplemente operar.
La justificación oficial es combatir prácticas abusivas, particularmente el uso de facturas provenientes de empresas que simulan operaciones. Combatir a las llamadas “factureras” es correcto y necesario. Lo cuestionable es hacerlo mediante reglas generales que castigan también a empresas que realizan operaciones reales, tienen costos legítimos y cumplen con sus obligaciones fiscales.
En otras palabras, por perseguir a quienes deducen fraudulentamente, se restringen también las deducciones de quienes lo hacen correctamente. Pagan justos por pecadores. Es como si el banco te dijera: “como tu vecino no pagó su crédito, ahora te voy a embargar a ti”.
Se puede discutir si México necesita recaudar más. Lo que no debería hacerse es disfrazar un incremento tributario detrás de una frase políticamente conveniente. Pero bueno, ya sabemos que, además de kakistócrata, esté régimen es mitocrático.
