Jorge Camacho
Guerrero no es una parada más en el itinerario político nacional. Es el estado donde seis gobernantes no han terminado su mandato desde 1937, y donde en cuatro de esas seis salidas el detonante no fue la ineficiencia administrativa, sino una crisis de violencia o de represión.
Alberto F. Berber fue desconocido en 1941. Alejandro Gómez Maganda dejó el cargo en 1954, al desaparecer los poderes constitucionales del estado. Raúl Caballero Aburto cayó en 1961, tras la represión contra el movimiento cívico guerrerense. Israel Nogueda Otero salió en 1975, en la última desaparición de poderes que se ha aplicado en México. Rubén Figueroa Alcocer dejó el cargo en marzo de 1996, después de la masacre de Aguas Blancas. Ángel Aguirre Rivero se separó en octubre de 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ese patrón importa, en Guerrero al gobernador no lo tumba la ineficiencia, lo tumba una masacre.
De ahí se desprende una advertencia que desde el centro del país a veces se subestima. Si Guerrero se incendia, no arde solamente Guerrero: arden los gobiernos de México. Dos de las crisis políticas nacionales más severas de las últimas tres décadas, Aguas Blancas y Ayotzinapa, nacieron en este estado y le costaron a la Federación años de credibilidad.
Por eso la decisión que Morena está por tomar sobre quién coordinará los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, y que en los hechos ordena la candidatura a la gubernatura en 2027, no puede tratarse como un trámite de aritmética interna.
La encuesta que este diario publicó el 13 de julio, elaborada por QM Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group, confirma la tendencia y añade algo más útil que el orden de llegada. Morena aparece con 51 por ciento de la intención de voto para la gubernatura, muy por encima del PRI. En la pregunta sobre quién debería ser la candidatura de Morena, Mojica encabeza con 20 por ciento. Encabeza también el rubro de opinión positiva y el de quién sería buen candidato o candidata a gobernador, con 24.8 por ciento. Y en el ejercicio que a mi juicio importa más, el careo frente a los probables candidatos de la oposición, alcanza 42.1 por ciento: la cifra más alta de todos los perfiles medidos.
Un estado con ocho regiones y 85 municipios. Donde conviven pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. Donde está uno de los destinos turísticos más importantes de México y, al mismo tiempo, una pobreza que es la constante. Donde opera la unidad minera que más oro extrae en todo el país, en una entidad que ocupa el tercer lugar nacional en producción de ese metal. Y donde el crimen organizado no es una nota policiaca, es parte del lenguaje común de la sociedad.
Quien vaya a gobernar Guerrero tiene que entender lo que pasa en Ayotzinapa, sí, pero también lo que pasa en el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano y en la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene que saber que en Iguala está el Campo Experimental del INIFAP donde desde 1985 se investiga y se mejora el maíz del trópico mexicano, y que el 70 por ciento de la superficie sembrada con maíz en el estado se cultiva todavía con maíz nativo. Tiene que saber que en Iguala nació nuestra Bandera, y que de los Sentimientos de la Nación que Morelos leyó en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813 salió el tronco del que nacería la carta magna de los mexicanos.
Beatriz Mojica lo sabe porque lo ha caminado. Su trayectoria está construida sobre agenda social, derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que en Guerrero no son un renglón decorativo: son la mitad del mapa.
Esto no debe ser un concurso de popularidad. Debe ser una decisión sobre capacidad de conducción en un estado que ya demostró seis veces lo que ocurre cuando se elige mal.
Guerrero no es laboratorio. No necesita ser el escenario de aprendizaje de nadie.
