La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense oficializó el bloqueo financiero contra la principal corporación energética de la isla, profundizando las tensiones diplomáticas bilaterales.
El secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, justificó la medida argumentando que activos clave de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) derivan de expropiaciones consideradas ilegales por Washington tras el inicio de la revolución en 1959. La resolución de la Casa Blanca implica el congelamiento inmediato de todas las propiedades, bienes y participaciones de la paraestatal que se encuentren en territorio estadounidense o bajo el control de ciudadanos de ese país. El funcionario norteamericano vinculó las sanciones a la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para presionar al gobierno comunista, acusando formalmente a las autoridades de La Habana de monopolizar el combustible para fines militares, logísticos y turísticos en detrimento de la población civil.
En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó de manera categórica las imputaciones a través de un posicionamiento en redes sociales, atribuyendo la política exterior estadounidense a motivaciones electorales y a una campaña de hostilidad política liderada por la élite de Washington. El canciller cubano afirmó que el deterioro del sistema eléctrico y el desabasto de hidrocarburos en el país caribeño responden directamente a un bloqueo comercial y financiero sistemático y no a una supuesta negligencia administrativa interna, señalando que la Casa Blanca utiliza la retórica de la desidia para evadir su responsabilidad en la crisis humanitaria de la isla.
La diplomacia de La Habana denunció que las medidas coercitivas han transformado a Cuba en una zona de alto riesgo financiero, inhibiendo de forma severa la atracción de inversión extranjera directa y los intercambios comerciales elementales. De acuerdo con el balance presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores isleño, las restricciones han provocado que corporaciones europeas y de naciones aliadas cancelen la venta de refacciones críticas para termoeléctricas por contener patentes estadounidenses, mientras que al menos 40 instituciones bancarias internacionales se han negado a procesar transferencias destinadas a la infraestructura de energías renovables. Asimismo, se alertó sobre el endurecimiento del cerco marítimo, el cual incluye amenazas de embargo, multas financieras y la posible interceptación en alta mar de buques petroleros destinados al abastecimiento nacional.
