El Departamento de Justicia de EE. UU. formalizó cargos contra el mandatario estatal y colaboradores cercanos por conspiración para el tráfico de drogas y delitos de armas en favor del Cártel de Sinaloa.
El Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve servidores públicos o exfuncionarios mexicanos. Entre los señalados se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega y Juan de Dios Gámez Mendívil, a quienes se les acusa de utilizar sus cargos públicos para facilitar la importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. La investigación federal sostiene que estas operaciones se realizaron bajo un esquema de sobornos millonarios que permitía al grupo criminal operar con protección institucional.
Según el documento judicial, los acusados se alinearon específicamente con la facción de «Los Chapitos», liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Los fiscales sostienen que la victoria electoral de Rocha Moya en 2021 fue posible gracias a que la organización criminal secuestró e intimidó a sus rivales políticos, estableciendo desde entonces un compromiso de impunidad para los líderes del cártel. La acusación detalla que los funcionarios implicados presuntamente entregaron el control de áreas estratégicas del estado, permitiendo que la estructura delictiva utilizara los recursos y la autoridad de las oficinas gubernamentales para fortalecer sus redes de distribución internacional.
La lista de implicados incluye también a Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán. El Departamento de Justicia enfatizó que esta acción legal es parte de una estrategia para desmantelar las redes de corrupción que protegen el tráfico de opioides sintéticos hacia Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial ante la acusación, mientras que el gobierno estadounidense ha señalado que buscará agotar los mecanismos legales para que los señalados comparezcan ante la justicia de ese país.
Se espera que en las próximas semanas se presenten más pruebas relacionadas con las cuentas financieras y los registros de comunicación que vinculan a los funcionarios con las operaciones directas de la organización sinaloense.
