El Senado de la República validó la reforma constitucional que faculta al Congreso para legislar en materia de feminicidio, tras obtener el respaldo de 27 legislaturas locales en todo el país.
El Senado de la República formuló la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que permite la creación de una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio. La Mesa Directiva, encabezada por Laura Itzel Castillo, remitió el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación inmediata, estableciendo un plazo de 180 días naturales para que el Poder Legislativo federal expida el nuevo marco normativo. Esta ley tiene como objetivo central unificar los tipos penales y las sanciones en todas las entidades federativas, eliminando las discrepancias jurídicas que actualmente dificultan el acceso a la justicia para las mujeres en diversas regiones de México.
Durante la sesión, se presentaron cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de este delito, mientras que en el primer trimestre de 2026 la cifra asciende a 148 casos. La reforma busca que las investigaciones se estandaricen bajo protocolos rigurosos que protejan la dignidad de las víctimas y aseguren sentencias con apego a la ley. Integrantes de diversas bancadas subrayaron que la justicia debe ser transformadora y que la igualdad de género debe operar como el principio rector para desmontar la violencia estructural mediante prácticas institucionales sólidas y una recolección de pruebas eficiente.
La validación constitucional fue posible gracias al voto aprobatorio de los congresos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Con este paso, el Congreso de la Unión iniciará formalmente el proceso de redacción de la Ley General contra los crímenes de género, integrando mecanismos de coordinación entre las fiscalías estatales y la federal para garantizar que ninguna agresión sistemática contra mujeres y niñas quede en la impunidad por criterios técnicos o jurisdiccionales.
La implementación de esta reforma obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a ajustar sus presupuestos y protocolos de actuación para cumplir con los nuevos estándares de investigación y atención a víctimas que dictará la legislación general entrante.
