Estado de México. Una Jueza de Control dictó prisión preventiva oficiosa contra Daniel “N”, un conductor de mototaxi por aplicación señalado como el presunto feminicida de Ana Karen Nute Téllez, de 19 años. Durante la audiencia inicial celebrada este sábado 7 de marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó las pruebas que vinculan al imputado con la desaparición y posterior muerte de la joven.
La captura de Daniel “N” se logró tras un operativo basado en análisis de cámaras de vigilancia y el rastreo de la aplicación de transporte. Los registros confirman que Ana Karen abordó la unidad del acusado el pasado 28 de febrero en un fraccionamiento de San Antonio la Isla, siendo esa la última vez que se le vio con vida.
Cronología de la desaparición y hallazgo
El caso de Ana Karen ha generado indignación en el Valle de Toluca debido a la vulnerabilidad en el transporte por aplicación. La investigación detalla los siguientes puntos clave:
- La desaparición: El sábado 28 de febrero, la joven solicitó el servicio de mototaxi para trasladarse desde su domicilio. Tras perder contacto con ella, sus familiares reportaron la ausencia de inmediato.
- El hallazgo: El 3 de marzo, el cuerpo de la joven fue localizado en un paraje sobre la carretera Toluca-Tenango, a la altura de San Miguel Totocuitlapilco, en el municipio de Metepec.
- Pruebas técnicas: La Fiscalía presentó diligencias de campo y análisis de geolocalización que ubican el vehículo de Daniel “N” en la ruta y hora donde fue abandonado el cuerpo.
Proceso jurídico en curso
La jueza calificó como legales los indicios presentados y determinó que el sujeto debe permanecer en reclusión para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento de la justicia. La situación jurídica definitiva del imputado —si es vinculado o no a proceso— se resolverá en un plazo de 72 horas, una vez que se agoten los términos legales de la defensa.
Este feminicidio reabre el debate sobre la regulación de los mototaxis y los servicios de transporte por aplicación en el Estado de México, donde colectivos feministas han exigido mayores filtros de seguridad y antecedentes no penales para quienes operan estas unidades en zonas residenciales.
