México se ha consolidado como uno de los países «más letales» del mundo para ser ambientalista, junto con Colombia y Brasil, según la organización Global Witness. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó el 1 de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024, se han registrado 102 asesinatos de defensores del medioambiente, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En un foro titulado «Situación de las y los defensores ambientales», celebrado en Toluca de Lerdo, Estado de México, Itzel Arteaga, representante de Cemda, informó sobre esta alarmante cifra. Detalló que en 2018 se registraron 21 asesinatos, cifra que bajó a 15 en 2019, pero que volvió a incrementarse a 18 en 2020, alcanzando 25 en 2021 y 24 en 2022. Además, el año pasado se reportaron 123 agresiones hacia ambientalistas, 20 de las cuales fueron letales.
El año 2022 destacó por tener el mayor número de eventos de agresiones documentados, con un total de 197 casos, aunque 2017 sigue siendo el año con más muertes desde que Cemda lleva registros.
Durante el conversatorio, llevado a cabo en la Biblioteca del Poder Legislativo estatal, se expusieron diversos casos de persecución y asesinato de líderes ambientalistas. Uno de los más destacados fue el de Álvaro Arvizu, miembro fundador del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli), quien fue asesinado en 2023, en un crimen que permanece impune.
Efectos de los megaproyectos
Uno de los temas centrales del coloquio organizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) fue el impacto de los megaproyectos promovidos por López Obrador, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sobre el medioambiente y las comunidades locales.
La diputada estatal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz García, defendió estas grandes infraestructuras debido al desarrollo económico que generan: “Hasta ahora en México solamente se había visto al sur como mano de obra (…), nunca habíamos tenido un desarrollo económico como el que hoy se está impulsando”. García también acusó a la oposición de utilizar la lucha medioambiental con fines políticos.
Por otro lado, Felipe Romero, gerente de Derechos Humanos del Cemda, señaló que la mayoría de los casos de estigmatización de ambientalistas se concentran en la región sur del país, donde se desarrollan los mencionados megaproyectos.
Deberes para Sheinbaum
Los participantes del conversatorio también plantearon expectativas para la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Felipe Romero expresó la necesidad de abordar varios pendientes en materia ambiental, incluyendo la gestión del agua, la protección de activistas y la ejecución de megaproyectos con respeto a los derechos de las comunidades.
Mario Cardozo, activista y abogado, ofreció consejos para garantizar los derechos de los activistas, enfatizando la necesidad de un «abordaje integral» que incluya tanto la protección como la prevención de persecuciones.
A pesar de la difícil situación, Antonio Lara, director del CDHZL, se comprometió a continuar luchando por la justicia: «Estamos fastidiados de que propongamos dignidad, libertad y vida y la gente del poder nos ofrece cárcel y muerte. No estamos dispuestos a aceptarlo y, por lo tanto, nos seguiremos organizando».
