Las Naciones Unidas han dado luz verde de manera unánime a su tratado contra la ciberdelincuencia, el cual debe ser presentado ante la Asamblea General para su oficialización. Este acuerdo representaría un avance crucial tras tres años de intensas negociaciones.
El propósito del tratado es “prevenir y enfrentar la ciberdelincuencia de forma más eficiente y efectiva”, con un enfoque particular en la protección infantil y la prevención del lavado de dinero.
Este tratado, el primero de su tipo elaborado por un comité ‘ad hoc’ de la ONU y que entrará en vigor inmediatamente después de su ratificación, se originó en 2017 a partir de una iniciativa liderada por Rusia, aunque encontró resistencia por parte de Estados Unidos y varios países europeos.
Recientemente, Rusia, que ha respaldado el proceso de elaboración del tratado desde sus inicios, expresó su preocupación por la inclusión de numerosas salvaguardias relacionadas con los derechos humanos. Rusia acusó a los países críticos de seguir “intereses egoístas” bajo el pretexto de valores democráticos.
Además, numerosos activistas y organizaciones de la sociedad civil, como Human Rights Watch (HRW), han advertido sobre los posibles riesgos que implica el tratado, sugiriendo que podría ser usado por los gobiernos como una herramienta de represión y control.
Deborah Brown, directora adjunta del departamento de Tecnología de HRW, manifestó: “Esperamos que, a medida que los países avancen en la ratificación del tratado, este enfrentará un considerable escrutinio y oposición por parte de legisladores y del público debido a las amenazas que podría representar para los derechos humanos”.
El tratado podría ampliar la cooperación transfronteriza en términos de vigilancia gubernamental, pero carece de las protecciones necesarias para salvaguardar a los individuos contra abusos de poder.
Los críticos del tratado argumentan que su ámbito de aplicación es excesivamente amplio y temen que podría transformarse en un instrumento de “vigilancia” global con fines represivos.
