CIUDAD DE MÉXICO.- En un movimiento decisivo para mejorar el paisaje urbano y la seguridad, se han aprobado importantes reformas a la Ley de Protección Civil de la CDMX. La nueva normativa ahora obliga legalmente tanto a empresas privadas como a dependencias gubernamentales a retirar toda su infraestructura obsoleta que actualmente ocupa el espacio público de la capital.
La Clave: Definir la «Infraestructura Pasiva»
El eje central de esta reforma legislativa es la introducción de una definición concreta para el concepto de «infraestructura pasiva». Al establecer con claridad qué se considera como tal, la ley elimina ambigüedades y crea un fundamento jurídico sólido. Este paso es fundamental, pues permite a las autoridades actuar y exigir el cumplimiento de la norma, cerrando vacíos legales que antes dificultaban la remoción de estos elementos en desuso.
Una Obligación para Todos los Actores
La responsabilidad que establece la ley es amplia y no distingue entre el sector público y el privado. Esto significa que tanto las empresas de diversos ramos como las propias agencias y organismos del gobierno, están ahora bajo la misma obligación. Deberán hacerse cargo de sus instalaciones que ya no tienen utilidad, asegurando que el espacio público no se convierta en un depósito permanente de activos abandonados por toda la ciudad.
Por un Espacio Público Más Seguro y Ordenado
El propósito principal detrás de esta medida es la recuperación integral del espacio público. La presencia de infraestructura inservible no solo genera contaminación visual, sino que también puede representar un riesgo potencial para la seguridad de los peatones y vehículos, un tema directamente relacionado con el mandato de la protección civil. La implementación de esta ley busca transformar las calles de la Ciudad de México en un entorno más limpio, funcional y, sobre todo, más seguro para sus habitantes.
Con la publicación de estas reformas a la Ley de Protección Civil, se inicia una nueva etapa de supervisión y gestión urbana en la capital del país. Las autoridades competentes ahora cuentan con las herramientas legales necesarias para fiscalizar el cumplimiento. Se espera que esta medida impulse a las empresas y dependencias a realizar un inventario de sus activos y a proceder con el retiro de todo aquello que ya no cumple una función, liberando así el valioso espacio público.
