CIUDAD DE MÉXICO.- Una importante reforma a la Ley de Protección Civil de la CDMX ha sido aprobada, estableciendo un nuevo marco legal para la gestión del espacio público de la capital. La modificación ahora obliga de manera formal a empresas y dependencias gubernamentales a hacerse cargo y retirar toda la infraestructura que se considere obsoleta.
Un nuevo concepto en la ley
El cambio más significativo que se introduce con esta reforma es la definición explícita del concepto de «infraestructura pasiva». Al ser incluido directamente en el texto de la Ley de Protección Civil, este término adquiere un peso legal que antes no poseía, permitiendo a las autoridades actuar con un respaldo normativo claro para exigir la remoción de dichos elementos.
¿Quiénes son los responsables?
La responsabilidad que emana de esta nueva legislación es amplia y no deja a nadie fuera. La ley establece de manera contundente que tanto las empresas del sector privado como las diversas dependencias que forman parte de la administración pública tienen la obligación ineludible de retirar sus propias instalaciones cuando estas dejen de ser funcionales y se conviertan en infraestructura obsoleta.
El objetivo: limpiar el espacio público
La finalidad principal detrás de esta medida es la recuperación del entorno urbano. El legislador busca, a través de esta herramienta legal, garantizar que el espacio público de la Ciudad de México quede libre de elementos en desuso. Se trata de una acción directa para eliminar la infraestructura que ya no presta ningún servicio y que permanece en la ciudad.
Con la implementación de estas reformas, se establece un mandato claro para que las entidades responsables procedan con el retiro de sus activos obsoletos del espacio público. Esta obligación, ahora plasmada en la ley, busca transformar el paisaje de la capital, forzando a las compañías y al gobierno a limpiar los elementos que han sido abandonados en la vía pública.
