CIUDAD DE MÉXICO.- El fuero constitucional, una figura legal diseñada para proteger a altos funcionarios de acusaciones sin fundamento, se encuentra en el centro de una intensa polémica nacional. Crece la percepción de que esta inmunidad procesal se ha desvirtuado por completo, convirtiéndose en una especie de «patente de corso» moderna para la clase política del siglo XXI, con un foco crítico puesto sobre algunos gobernadores.
¿Qué es el Fuero y Para Qué Servía?
Originalmente, el fuero fue concebido como un escudo indispensable para garantizar la libertad de expresión y la independencia de legisladores y otros altos cargos. La idea era protegerlos de acusaciones frívolas o presiones de poderes fácticos que buscaran silenciarlos o impedir su trabajo legislativo y de gobierno. Sin embargo, la crítica actual señala que este noble propósito se ha desvanecido, dando paso a un uso indebido que genera indignación.
La Polémica Comparación: «Patente de Piratas»
La analogía que resuena con fuerza en el debate público es la de la «patente de corso», aquel permiso que los reinos de antaño otorgaban a corsarios para saquear barcos enemigos con autorización oficial. Hoy, se argumenta que el fuero funciona de manera similar: una protección legal que, en la práctica, permitiría a ciertos gobernadores y funcionarios operar con un manto de impunidad, presuntamente acumulando poder y recursos al margen de la ley sin temor a ser procesados mientras ocupan su cargo.
El Negocio de la Impunidad
Esta percepción transforma el servicio público en un «negocio», como señalan las voces críticas, donde la ganancia personal se antepone al bien común. La inmunidad se convierte así en la herramienta clave para garantizar que posibles actos de corrupción no sean castigados de inmediato, generando un ciclo de impunidad que daña profundamente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. «Piratas de antes; gobernadores de ahora», resume la cruda analogía que circula en la opinión pública.
Ante este escandaloso panorama, el debate sobre la eliminación o reforma profunda del fuero constitucional sigue más vigente que nunca. Diversos sectores de la sociedad civil y del espectro político exigen poner fin a lo que consideran un privilegio obsoleto que fomenta la desigualdad ante la ley y se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para una verdadera lucha contra la corrupción en México.
