La necesidad de una respuesta nacional contundente ante el delito de extorsión ha sido, durante años, una deuda pendiente del Estado mexicano. Los datos son alarmantes y exigen atención inmediata. Por ello, la presentación y aprobación del proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, impulsada por la presidenta Sheinbaum, constituye un paso relevante hacia el combate de este delito.
Según la ENVIPE 2023 (INEGI), la extorsión es ya el segundo delito más frecuente en el país, solo después del robo en la vía pública. Sus modalidades -del “cobro de piso” a las extorsiones telefónicas, digitales o carcelarias- han desbordado la capacidad institucional. De octubre de 2024 a julio de 2025 se denunciaron 9,585 extorsiones, de las cuales 6,880 ocurrieron solo entre enero y julio, el registro más alto en la historia reciente de México. Sin embargo, la cifra negra supera el 98%, lo que revela que se trata de un fenómeno prácticamente invisible para la justicia.
Frente a la dispersión y desigualdad normativa entre los Estados, la nueva ley busca establecer un tipo penal único aplicable en todo el país: comete extorsión “quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro o causando un daño patrimonial, moral, físico o psicológico”. La ley incluye agravantes por violencia, uso de servidores públicos, “montachoques” o extorsión desde centros penitenciarios, y fortalece la coordinación entre órdenes de gobierno, con facultades de atracción para la FGR y la creación de un Centro Nacional de Atención de Denuncias por Extorsión.
Estos avances son innegables, pero el proyecto también plantea riesgos significativos. Uno es la homologación de penas: la sanción para la extorsión básica se fija en 6 a 15 años de prisión, lo que podría tener un efecto retroactivo en beneficio de personas ya sentenciadas. Este principio, constitucionalmente irrenunciable, abriría la puerta a revisiones judiciales que podrían reducir penas y propiciar preliberaciones, afectando la seguridad pública.
El riesgo no es teórico. En al menos cinco entidades las penas mínimas actuales superan los 6 años fijados por la nueva ley, y en cuatro, la pena máxima de 15:
1. Baja California: 7 a 12 años,
2. Chihuahua: 10 a 30 años,
3. Morelos: 15 a 20 años,
4. Nayarit: 10 a 20 años, y
5. Quintana Roo: 15 a 25 años.
Es decir, una norma concebida para endurecer el castigo podría terminar reduciéndolo en algunos casos. El Artículo Cuarto Transitorio permite expresamente que los jueces revisen las penas impuestas y apliquen la traslación del tipo en beneficio de la persona sentenciada, lo que podría derivar en liberaciones anticipadas de extorsionadores peligrosos. Este es un efecto que el Senado debe corregir para no comprometer la eficacia simbólica y material de la ley.
Un segundo punto crítico es el presupuestario. Aunque el proyecto establece nuevos mecanismos de coordinación e inteligencia, y la creación de instancias especiales de atención, el Artículo Noveno Transitorio dispone que su aplicación se haga sin ampliación de recursos. Sin respaldo financiero, la ley podría terminar siendo una declaración de buenas intenciones. La creación de centros de denuncia, el uso de tecnologías y la coordinación institucional requieren inversión sostenida. Sin recursos adicionales, las fiscalías locales y la federación difícilmente podrán cumplir las obligaciones que el propio texto impone.
Así, la nueva Ley contra la Extorsión representa un avance necesario hacia la uniformidad penal y la articulación institucional, que homologa definiciones, e introduce agravantes modernas, pero con defectos técnicos y presupuestarios que amenazan con entorpecer su impacto real.
Si el Senado no corrige estos puntos -en especial la reducción de penas por aplicación retroactiva favorable para algunas personas ya sentenciadas, y la falta de financiamiento- el país podría enfrentar el absurdo de una ley que, buscando mayor severidad, libere delincuentes ya enjuiciados y carezca de recursos para detener a los nuevos.
La lucha contra la extorsión exige más que una nueva ley: además de coherencia normativa, requiere voluntad política y, sobre todo, capacidad institucional real para hacerla cumplir.
