CIUDAD DE MÉXICO.- Una grave irregularidad en el sector salud ha sido expuesta. La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una millonaria multa y una inhabilitación de 15 meses a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., tras descubrir que presentó información falsa para ganar un contrato de medicamentos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Un golpe a la corrupción en el IMSS
La sanción es contundente: una multa que asciende a 1 millón 510 mil pesos y la prohibición para la compañía de participar en cualquier licitación o contrato con el gobierno federal durante un año y tres meses. Esta medida se tomó después de una investigación sobre un proceso de adjudicación directa para surtir medicinas y material de curación al IMSS en la zona oriente del Estado de México durante el ejercicio fiscal 2023.
La licencia sanitaria que nunca existió
El centro de la polémica radica en un documento clave que resultó ser un completo engaño. La empresa aseguró contar con una «Licencia Sanitaria» para su almacén, un requisito indispensable para poder manejar y distribuir insumos médicos de forma segura. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando las autoridades decidieron verificar la autenticidad de dicho permiso.
Cofepris destapó el fraude
La investigación, a cargo del Órgano Interno de Control en el IMSS, consultó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre la validez del documento. La respuesta fue demoledora: el número de licencia presentado por la empresa simplemente no existía en sus registros oficiales. Este acto de falsedad fue el detonante para la severa sanción, basada en la Ley de Adquisiciones del Sector Público.
Investigación activada por denuncia anónima
Este escándalo no fue descubierto por una auditoría de rutina, sino gracias a la participación ciudadana. Todo el proceso de investigación se inició a raíz de una denuncia anónima presentada ante el propio Órgano Interno de Control del IMSS, lo que demuestra la importancia de los mecanismos de vigilancia para detectar y castigar estas prácticas ilegales que ponen en riesgo los recursos públicos.
La Secretaría de la Función Pública, encabezada por Roberto Salcedo Aquino, ha reafirmado su compromiso de cero tolerancia a la corrupción. Con esta acción, envían un claro mensaje a todos los proveedores del gobierno: la legalidad y la integridad no son negociables. Las autoridades continúan vigilantes para asegurar que los recursos, especialmente en un área tan sensible como la salud, se manejen con total transparencia.
