El gobernador con licencia de Sinaloa afirmó que mantiene su residencia fija en la ciudad de Culiacán y que se ha presentado de forma voluntaria ante las autoridades ministeriales del país.
El político sinaloense Rubén Rocha Moya informó que se han cumplido 69 días desde que formalizó su separación temporal del cargo como gobernador constitucional del estado de Sinaloa, una resolución administrativa adoptada con la finalidad de permitir el desarrollo de las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) sin la cobertura del fuero institucional. El funcionario con licencia precisó que ya compareció formalmente ante el Ministerio Público de la Federación para desahogar de manera presencial los cuestionamientos requeridos por la representación social. Asimismo, puntualizó que desde el pasado 1 de mayo ha permanecido de forma ininterrumpida en su domicilio particular ubicado en la capital sinaloense.
Rocha Moya desmintió de forma categórica las versiones que señalaban la existencia de un dispositivo de seguridad federal desplegado para su custodia, calificando como inexactas las publicaciones periodísticas que acusaban un supuesto resguardo en instalaciones militares. Esta postura coincide con el pronunciamiento emitido por el Gabinete de Seguridad federal, el cual rechazó categóricamente la ejecución de operativos orientados a ocultar o trasladar al funcionario a complejos de la Novena Zona Militar o de la Tercera Región Militar. Las dependencias de seguridad del Estado mexicano reiteraron que los canales institucionales no contemplan esquemas de protección especial ante requisiciones judiciales nacionales o de agencias extranjeras.
El mandatario con licencia atribuyó las imputaciones a una campaña de posicionamiento mediático impulsada por sectores opositores, rechazando a su vez los señalamientos formulados por instancias judiciales de los Estados Unidos. Sostuvo que los señalamientos en su contra carecen de sustento fáctico y legal, enmarcando las acusaciones internacionales dentro de una estrategia de confrontación política hacia la administración pública federal. La documentación del caso se encuentra integrada en los expedientes de la FGR, instancia que determinará las acciones jurídicas subsecuentes conforme al marco constitucional vigente y las reglas de debido proceso aplicables en el país.
