CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ha dictado sentencia condenatoria contra tres agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) por el delito de extorsión, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción policial. Los elementos, identificados como Carlos Alberto «N», César «N» y David «N», fueron hallados culpables de exigir dinero a un ciudadano a cambio de no ejecutar una supuesta orden de aprehensión en su contra.
Amenaza a cambio de dinero en Edomex
Los hechos que llevaron a esta condena ocurrieron en noviembre de 2022 en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Según la investigación, los ahora sentenciados interceptaron a una persona y, abusando de su autoridad, le aseguraron que existía una orden de captura en su contra.
Bajo esa amenaza, los agentes ministeriales le exigieron a la víctima una suma de dinero para «resolver» el asunto y evitar su detención. Este acto de intimidación y abuso de poder fue el eje central de la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La condena: Años de cárcel e inhabilitación
Tras valorar las pruebas presentadas, el juez federal determinó sentencias específicas. Carlos Alberto «N» y César «N» recibieron una pena de cuatro años, cinco meses y diez días de prisión. Por su parte, David «N» fue sentenciado a cuatro años y dos meses de cárcel.
Además de la pena privativa de la libertad, los tres exagentes deberán pagar una multa económica. Como parte del castigo, también se les impuso la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por el mismo tiempo que dure su condena en prisión.
La FGR va contra sus propios elementos
La investigación y posterior judicialización del caso estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FECI) de la propia FGR. Esta unidad se encargó de reunir los elementos de prueba suficientes para demostrar la culpabilidad de los agentes ante la autoridad judicial.
La acción de la FECI subraya el esfuerzo institucional por depurar sus filas y combatir los actos de corrupción cometidos por sus propios servidores públicos, enviando un mensaje de cero tolerancia a este tipo de conductas delictivas que dañan la confianza ciudadana.
Con esta sentencia firme, los tres exmiembros de la Policía Federal Ministerial cumplirán su condena tras las rejas, quedando formalmente fuera de la corporación. La inhabilitación garantiza que, una vez cumplido su tiempo en prisión, no podrán reincorporarse a ninguna institución de seguridad o del servicio público en el país.
