El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que la bolsa económica referida por la disidencia magisterial corresponde a asignaciones presupuestales ordinarias para el combate al rezago docente en el sur del país.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, desmintió las versiones difundidas en plataformas digitales que señalaban al gobierno federal de otorgar 800 millones de pesos a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el fin de condicionar la liberación de las vialidades del Centro Histórico de la Ciudad de México. El funcionario federal precisó que dicha partida financiera forma parte del gasto programable institucional diseñado de forma multianual para el fortalecimiento de la infraestructura educativa en las entidades federativas con mayores niveles de marginación, tales como Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
La dependencia detalló que la aplicación de estos fondos públicos se ejecuta mediante diagnósticos técnicos por demarcación territorial para solventar el déficit de personal en planteles de educación básica y telesecundarias, financiando rubros específicos como la asignación de nuevas plazas, recategorizaciones laborales, basificaciones y cubrimiento de horas vacantes por jubilación. Delgado enfatizó que las transferencias presupuestales no se canalizan a través de las cúpulas directivas de la CNTE ni del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sino que se administran de manera directa por la federación para la creación de posiciones laborales formales.
El pronunciamiento oficial se emitió luego de que el contingente magisterial oaxaqueño iniciara el desmontaje de sus campamentos perimetrales en la capital del país tras casi tres semanas de movilizaciones continuas. Pese al repliegue de las bases y al establecimiento de un receso en el paro nacional de labores, la representación sindical reiteró que mantendrá vigentes sus demandas estructurales ante las mesas de negociación con el Ejecutivo federal, priorizando la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y el restablecimiento del esquema solidario de pensiones.
