El sindicato mayoritario acusa a la administración de prolongar el conflicto para desgastar la resistencia económica de los trabajadores y buscar la extinción del contrato colectivo.
El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad cumplió nueve meses de inactividad obligatoria, consolidando un estancamiento en las mesas de negociación entre el Patronato de la institución y el sindicato de trabajadores. El secretario general de la organización gremial, Arturo Zayún González, afirmó que la parte patronal mantiene una estrategia basada en el desgaste financiero de los empleados sindicalizados con el fin de forzar la aceptación de condiciones desventajosas. De acuerdo con la dirigencia obrera, la administración central se ha negado a desahogar la revisión de ocho cláusulas fundamentales pendientes, orientando sus esfuerzos jurídicos a rescindir el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) vigente.
La representación sindical detalló que las demandas principales exigen el respeto irrestricto al CCT, la preservación de las prestaciones históricas y un incremento salarial retroactivo que incluya el pago de los salarios caídos devengados durante el paro. Asimismo, el sindicato denunció irregularidades en la asignación de plazas vacantes acumuladas en los últimos siete años por jubilación o renuncia; la dirigencia expuso que la dirección omitió los procesos estatutarios de «boletinación» interna, otorgando dichos puestos de confianza de manera directa a un sindicato independiente, lo que afectó el escalafón salarial y las expectativas de jubilación de los trabajadores con mayor antigüedad.
La prolongación del cierre temporal mantiene bajo resguardo y sin posibilidad de recuperación miles de prendas y propiedades empeñadas por los usuarios, generando incertidumbre entre los pignorantes. La dirigencia sindical advirtió que la eventual reanudación de actividades enfrentará dificultades logísticas y técnicas debido al prolongado periodo de inactividad de los sistemas informáticos y la infraestructura operativa. Ante la proximidad de las revisiones contractuales de 2026, el gremio planea presentar un nuevo emplazamiento formal durante el mes de julio, lo que podría derivar en la coexistencia de dos procedimientos jurídicos simultáneos si no se establece un canal de conciliación con los mediadores federales.
