Colectivos de búsqueda reportaron la localización de al menos 1,076 fragmentos óseos en una zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México.
El hallazgo se registró durante una jornada de búsqueda realizada del 7 al 16 de abril de 2026 en las lagunas de La Habana, situadas entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco. Mediante un comunicado conjunto, agrupaciones como «Una Luz en el Camino» y «Voces de la Ausencia» manifestaron su alarma ante lo que califican como una crisis forense de dimensiones incalculables en este punto. Los colectivos señalaron que este sitio se ha convertido en un escenario de dolor que evidencia la gravedad de la violencia en la región centro del país, exigiendo a las autoridades una intervención urgente y exhaustiva.
Ante la magnitud de los restos localizados, las familias independientes y las organizaciones de búsqueda exigieron al Estado mexicano la ampliación inmediata de las jornadas de rastreo y la asignación de mayores recursos técnicos y periciales. Asimismo, hicieron un llamado para que se aplique un protocolo de procesamiento forense que garantice la identificación digna de cada fragmento, evitando la revictimización de quienes buscan a sus seres queridos. La demanda central es que las labores en las lagunas no se detengan hasta agotar las posibilidades de hallazgo en el área, dado que la cifra de restos acumulada en pocos días sugiere un depósito masivo de larga data.
Esta situación se presenta en un contexto nacional donde México supera las 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Además de la falta de identificaciones, especialistas han advertido sobre la persistente impunidad y las fallas institucionales que mantienen cerca de 80,000 cuerpos sin identificar en todo el territorio. El hallazgo en Tláhuac y Chalco refuerza las críticas de los colectivos hacia las respuestas gubernamentales que, a su juicio, minimizan la crisis forense y obstaculizan la llegada de ayuda internacional para enfrentar la problemática de las desapariciones.
Los colectivos reiteraron que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia, asegurando que no descansarán hasta que cada resto recuperado recupere su identidad. Se espera que en las próximas horas las fiscalías locales emitan un pronunciamiento oficial sobre el inicio de las carpetas de investigación correspondientes.
