Esposa de exdirector de Pemex denuncia violencia doméstica e intentos de censura institucional

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María Felicia Jiménez expuso presiones y bloqueos digitales tras difundir agresiones de Víctor Rodríguez Padilla, mientras la presidencia de la República solicitó aplicar todo el peso de la ley a través de la Fiscalía de Morelos.

María Felicia Jiménez denunció públicamente haber sido víctima de violencia psicológica, económica y física por parte de su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y perfilado para asumir la dirección general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). En declaraciones ofrecidas a medios radiofónicos nacionales, la afectada detalló que las conductas delictivas e intimidatorias se extendieron también hacia sus hijos, señalando antecedentes de agresiones corporales directas y afectaciones psicoemocionales en el entorno familiar.

La denunciante justificó la dilación en los procesos de denuncia formal debido al temor fundado ante las redes de influencia política y la estructura de poder de su cónyuge, quien —afirmó— cuenta con el respaldo omiso de diversos legisladores, gobernadores y altos mandos de la administración pública. Asimismo, alertó sobre una serie de acciones sistemáticas orientadas a coartar su libertad de expresión y mantenerla incomunicada, detallando la baja simultánea de sus cuentas en plataformas digitales como X y Facebook, la suspensión de su línea de telefonía celular y el bloqueo de sus accesos tras emitir pronunciamientos en los canales oficiales de la dependencia energética federal.

Ante la difusión de las evidencias audiovisuales del caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó a la Secretaría de las Mujeres brindar acompañamiento jurídico y psicológico a la víctima, exigiendo la intervención rigurosa de las autoridades ministeriales.

El Ejecutivo federal turnó la competencia de la indagatoria a la Fiscalía General del Estado de Morelos para el deslinde de responsabilidades conducente y la aplicación de las sanciones penales correspondientes. A pesar de los canales de orientación institucional activados por el Gobierno federal, Jiménez manifestó que el núcleo familiar subsiste en condiciones de vulnerabilidad técnica y de seguridad, por lo que requirió la implementación inmediata de medidas cautelares y de protección civil efectivas para salvaguardar su integridad ante probables represalias indirectas.

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