La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha confirmado la existencia de contratos con el empresario tabasqueño Amílcar Olán, íntimo amigo de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En respuesta a solicitudes de transparencia, la Sedena ha iniciado una investigación formal sobre estos contratos.
El Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedena ha abierto el expediente administrativo de investigación número 2292/2024/CDAC/SEDENA/DE17 para revisar la actuación de sus servidores públicos y todo lo relacionado con Amílcar Olán, quien es señalado como una figura clave en «El Clan», una red de tráfico de influencias y negocios encabezada por los hijos del presidente. La oficina anticorrupción de la Sedena ha encontrado suficientes razones para indagar estas adjudicaciones.
La Sedena ha utilizado la investigación del OIC como justificación para no entregar información relacionada con Amílcar Olán. En respuesta a cinco solicitudes de transparencia realizadas por el medio Latinus, el Ejército clasificó los documentos como reservados por cinco años. La resolución del comité de transparencia de la Sedena, fechada el 28 de febrero, indica que difundir esta información podría entorpecer las investigaciones administrativas en curso.
Los documentos solicitados por Latinus incluyen todos los contratos firmados entre Amílcar Olán y la Sedena desde el 1 de diciembre de 2018, específicamente los relacionados con la compra de balasto y las adjudicaciones para los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Latinus ha publicado reportajes que detallan cómo «El Clan» ha ganado miles de millones de pesos a través de contratos en el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, Pemex y la venta de medicinas a gobiernos de Morena.
Audios en poder de Latinus revelan que «El Clan» sobornó a ingenieros militares de la Sedena encargados de la construcción del Tren Maya y al laboratorio encargado de certificar la calidad del balasto. Estas grabaciones detallan negociaciones de precios y sobornos relacionados con la compra y transporte del balasto.
La Sedena ha afirmado que el interés público en conocer la verdad sobre las posibles responsabilidades administrativas de sus servidores públicos es superior a la necesidad de hacer pública la información en este momento, mientras la investigación aún está en curso.
Con información de Latinus
