Pobladores de la etnia mayo-yoreme acordaron bloquear las instalaciones de amoniaco en la bahía de Ohuira ante los riesgos de afectación ecosistémica y desplazamiento cultural.
El gobernador tradicional de la comunidad de Ohuira y vocero de la organización civil, Felipe Montaño Valenzuela, comunicó la determinación de iniciar una toma pacífica de la infraestructura industrial a partir de este lunes 15 de junio. La medida de presión se determinó tras una mesa de negociación celebrada en Los Mochis con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra. El sector inconforme condicionó la aceptación de las mesas de diálogo técnico promovidas por el Gobierno Federal a la suspensión inmediata de las obras de construcción operadas por la firma Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), subsidiaria del consorcio suizo-alemán Proman.
El proyecto de refinación petroquímica, diseñado para una capacidad de producción diaria de 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco, cuenta con un avance de ejecución física del 88 por ciento en el puerto de Topolobampo. Los representantes indígenas, respaldados por informes de organismos de las Naciones Unidas, sostienen que el complejo industrial provocará daños irreversibles en el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, ecosistema catalogado como sitio de importancia internacional bajo el convenio RAMSAR. Los manifestantes denunciaron que las fases iniciales de la obra civil implicaron el relleno de 28 hectáreas de humedales y la remoción de vegetación de manglar en la zona costera.
Los argumentos técnicos de la resistencia civil señalan que el sistema de enfriamiento de la planta requerirá la succión constante de 2 mil metros cúbicos de agua salada por hora, cuya descarga posterior en la bahía registrará un incremento térmico de hasta tres grados centígrados, alterando los ciclos de reproducción de las especies comerciales que sustentan la pesca local. Adicionalmente, los pobladores acusaron irregularidades y coacción en los procesos de consulta previa implementados tras el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022, argumentando violaciones a las directrices vigentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
