El implicado, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga —señalado por la FGR como «El Rey de las Factureras»—, fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México para enfrentar un proceso judicial independiente.
Elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), ejecutaron una orden de aprehensión contra Alejandro Mario Álvarez Puga en la zona hotelera de Puerto Cancún, Quintana Roo. Conforme a los datos del Registro Nacional de Detenciones, la captura se formalizó el jueves 9 de julio de 2026 a las 21:26 horas. Tras el arresto, el imputado fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de un juez federal en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, bajo el estatus jurídico de presunción de inocencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que este mandamiento judicial deriva de una indagatoria penal ajena a las acusaciones de delincuencia organizada que pesan sobre su hermano. En este caso específico, se le señala por la probable omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2016, lo que representó un perjuicio directo a las arcas del fisco federal estimado en 4 millones 618 mil pesos. El detenido fungió históricamente como socio estratégico dentro del despacho corporativo y de asesoría fiscal que fundó junto a su familia en el año 2000.
La detención reaviva el expediente de la red delictiva atribuida a su hermano, Víctor Manuel Álvarez Puga, y a su cónyuge, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, quienes son investigados por el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos provenientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto. Auditorías aplicadas a los flujos financieros de dicha trama revelaron un complejo esquema de triangulación de recursos públicos que operaba mediante microtransferencias bancarias diseminadas en cerca de 90 cuentas, beneficiando presuntamente a familiares de líderes sindicales, empresarios y perfiles de la élite política nacional.
