Los procesos presidenciales en ambas naciones enfrentan cuestionamientos poselectorales, escalando a recursos internacionales en el caso peruano y a amenazas de desobediencia civil en territorio colombiano.
En Perú, el candidato Roberto Sánchez rechazó los resultados del escrutinio oficial que otorgan la victoria a Keiko Fujimori por un margen de 49 mil 641 sufragios. Previo a la proclamación formal del Jurado Nacional de Elecciones programada para el 3 de julio, el político anunció la presentación de un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La impugnación argumenta presuntas alteraciones en las normativas del voto en el extranjero durante el balotaje, motivo por el cual Sánchez trasladó la disputa al ámbito internacional y adelantó su negativa a reconocer la administración de Fujimori.
Por su parte, el escenario en Colombia experimentó un repunte de tensión luego de que el excandidato Iván Cepeda exigiera al presidente electo, Abelardo de la Espriella, la renuncia formal a su ciudadanía estadounidense antes de la toma de posesión del 7 de agosto. A pesar de haber aceptado la derrota inicialmente, Cepeda condicionó la legitimidad del próximo gobierno a esta acción, advirtiendo sobre el despliegue de una campaña de desobediencia civil pacífica fundamentada en la defensa de la soberanía nacional frente a la doble nacionalidad del mandatario entrante.
Ante los señalamientos de la oposición en Colombia, el futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió públicamente exigiendo apego estricto a la Constitución y respeto a la voluntad ciudadana reflejada en las urnas. El desarrollo simultáneo de estas disputas en la región evidencia los retos institucionales de los gobiernos para concretar transiciones políticas tras comicios definidos por márgenes mínimos, manteniendo el debate sobre la autoridad y legalidad de las nuevas administraciones.
