A pesar del arribo de brigadas internacionales y operadores voluntarios de diversas regiones, la escasez de equipo técnico, desabasto de combustible y trabas burocráticas ralentizan la remoción de escombros en La Guaira.
Las operaciones de búsqueda y rescate en el estado costero de La Guaira, una de las zonas más devastadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, enfrentan un severo estancamiento debido a la insuficiencia de maquinaria pesada. Brigadas de operadores calificados y técnicos voluntarios que se han trasladado desde entidades del interior del país, como el estado Lara, denunciaron que el principal obstáculo en la llamada «zona cero» no es la falta de personal, sino la carencia de excavadoras y equipo pesado apto para levantar estructuras colapsadas.
De acuerdo con testimonios de los especialistas, los pocos equipos disponibles en localidades críticamente afectadas como Tanaguarena corresponden a empresas privadas que restringen su uso, o bien, se encuentran fuera de servicio debido a fallas mecánicas y a la agudizada escasez de combustible (gasoil). Residentes de los sectores siniestrados señalaron que el arribo de la infraestructura gubernamental tardó más de 48 horas en materializarse y que los mandos militares apostados en la región han condicionado el despliegue de los aparatos a autorizaciones de la alta jerarquía del Ejecutivo, obligando a los civiles a realizar excavaciones manuales en los edificios colapsados.
El doble sismo del pasado 24 de junio ya se consolida como el evento telúrico más mortífero del último siglo en la nación sudamericana, al superar los mil 719 decesos y registrar más de 5 mil heridos, rebasando las estadísticas del histórico terremoto de Caracas de 1967.
A pie de escombro, los damnificados señalaron que, pese a la llegada y el esfuerzo de corporaciones de rescate especializadas provenientes de Francia y México, el apoyo internacional resulta insuficiente ante la magnitud del desastre inmobiliario. La crisis humanitaria se agudiza por las denuncias de cobros excesivos en servicios funerarios y de cremación. Ante la emergencia, el Gobierno venezolano extendió la suspensión de actividades escolares e instruyó la creación de una comisión técnica para evaluar los daños estructurales en los inmuebles que continúan en pie, mientras las familias locales presionan contra reloj para localizar a centenares de personas reportadas como desaparecidas.
