El presidente Joe Biden dio a conocer nuevas regulaciones ejecutivas que facilitarán el camino hacia la legalización de hasta 500 mil inmigrantes indocumentados, principalmente mexicanos, que están casados con ciudadanos estadounidenses, siempre y cuando hayan residido en el país por al menos diez años y no tengan antecedentes criminales.
Aunque los inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses generalmente tienen acceso a la residencia permanente -una green card- bajo las regulaciones actuales, muchos indocumentados deben salir del país y hacer la solicitud desde un consulado. Existen numerosos casos de indocumentados casados con estadounidenses que, al salir de Estados Unidos con la intención de regresar legalmente, no se les permite retornar con sus cónyuges e hijos. Los nuevos procedimientos permitirán que un gran número de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses soliciten la residencia legal como primer paso hacia la ciudadanía sin tener que abandonar el país.
El gobierno estadounidense estima que la mayoría de los que podrán beneficiarse de este nuevo programa, que entrará en vigor a finales del verano, serán personas que han permanecido en Estados Unidos durante un promedio de 23 años y son de origen mexicano.
«Un setenta por ciento de los estadounidenses apoya este esfuerzo para mantener unidas a las familias. Y la razón es sencilla: abraza el principio estadounidense de que debemos mantener juntas a las familias», declaró Biden al presentar su iniciativa en una ceremonia en la Casa Blanca. También anunció nuevas medidas para otorgar permisos de trabajo a adultos indocumentados que llegaron al país como menores y que ahora han egresado de universidades estadounidenses.
Biden reconoció que parte del contexto del anuncio de estas medidas es la crítica recibida recientemente por limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México. «Escuché lo que dijeron, pero toda nación tiene que actuar para asegurar sus fronteras», explicó. Agregó que «podemos al mismo tiempo asegurar la frontera y otorgar vías legales para ciudadanos».
Funcionarios del gobierno de Biden argumentaron que la iniciativa ejecutiva para ayudar a cónyuges de estadounidenses es la medida de protección de indocumentados más grande en una década. La medida también incluye la legalización de aproximadamente 50 mil menores de edad indocumentados del cónyuge indocumentado.
El diputado federal por Illinois Jesús Chuy García elogió de inmediato las nuevas medidas. «El anuncio de hoy del presidente Biden ofrece esperanza y estabilidad para miles de familias de estatus mixto y beneficiarios de DACA, incluidos los de mi distrito. Uno de cada diez niños en Illinois tiene un padre indocumentado». Añadió que «es un paso en la dirección correcta, pero no podemos detenernos aquí. Debemos seguir presionando para que se otorguen permisos de trabajo a nuestros inmigrantes que han esperado ayuda durante décadas».
El senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, junto con los diputados federales Joaquín Castro y Greg Casar, así como una mayoría de organizaciones de defensa y abogacía de inmigrantes en el país, emitieron comunicados aplaudiendo las medidas anunciadas por la Casa Blanca este martes.
Para algunos, es un paso positivo pero insuficiente. «Es un aplauso mesurado», opinó el abogado de migración y analista José Pertierra en Washington. «Sí va a beneficiar a mucha gente y crea grandes expectativas… pero en esencia es solo una medida que facilita algo que ya existe», indicó Pertierra en una entrevista. Señaló que aún sigue vigente un programa impulsado por Barack Obama que permite a los cónyuges de indocumentados solicitar su residencia permanente y legal, aunque con la nueva medida no todos tendrán que salir del país para hacer ese trámite. Además, aún no se conocen los detalles legales que condicionarán a quienes pueden solicitar la residencia y cómo cumplir con los requisitos para comprobar estancia y otros documentos para personas que han vivido de manera clandestina.
De hecho, la mayoría de los 1.3 millones de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses no podrán utilizar las nuevas medidas porque llegaron en los últimos 10 años o tienen algún antecedente criminal. Por otro lado, la organización dirigida por el ex asesor antimigrante del ex presidente Donald Trump, Stephen Miller, anunció de inmediato que buscará anular la nueva medida ante los tribunales, lo cual podría demorar la implementación de la medida a lo largo del otoño. Una vocera de Trump también condenó la nueva medida y anunció que será descartada tan pronto como llegue su jefe a la Casa Blanca.
