La defensa legal de la familia y la organización LULAC afirman que los agentes portaban cámaras corporales y modificaron la versión de los hechos para justificar el uso de la fuerza.
El abogado Domingo García, representante legal de la familia de Lorenzo Salgado Araujo y miembro de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), acusó formalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de orquestar un esquema de encubrimiento institucional para ocultar lo que calificó como un hecho delictivo en Houston, Texas. García desmintió la postura oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señalando que existen registros fílmicos posteriores al incidente donde se constata que los elementos federales sí portaban dispositivos de grabación corporal en sus chalecos tácticos, contradiciendo el informe gubernamental que justificaba la ausencia de videos por falta de equipo técnico.
A la denuncia se sumó el testimonio de los tres trabajadores que acompañaban a Salgado en el vehículo al momento de la intersección migratoria, quienes fueron recluidos tras el altercado. A través de su abogado defensor, Hugo Balderas, los testigos presenciales rechazaron de manera unánime la narrativa de la agencia federal, afirmando que la camioneta conducida por el ciudadano mexicano nunca impactó a las patrullas encubiertas ni existió una maniobra de intento de atropello contra los oficiales civiles. Los testimonios coinciden en que la persecución se originó por una confusión de identidad al buscar a dos objetivos de origen guatemalteco.
La representación de las víctimas indirectas expuso además violaciones graves a los derechos humanos y protocolos de atención médica durante la agresión. De acuerdo con las indagatorias de la defensa, tras recibir el impacto de bala en el torso, Salgado —de 52 años de edad y originario del Estado de México— fue despojado de sus pertenencias, esposado en el suelo mientras agonizaba y trasladado en esa misma condición restrictiva hacia el complejo hospitalario donde falleció horas más tarde. Ante la falta de transparencia, la familia manifestó su desconfianza en los órganos de control interno federales, reiterando el llamado a una intervención judicial externa e independiente que sancione penalmente al oficial responsable del disparo.
