CIUDAD DE MÉXICO.- Una alerta se enciende en el sector transportista de México. Un reciente informe de la industria reveló que la flota de camiones de carga pesada que circula por las carreteras nacionales ha alcanzado una edad promedio crítica de 20.5 años. Esta cifra, una de las más altas en décadas, genera una profunda preocupación por la seguridad vial y el impacto ambiental.
Un Riesgo Sobre Ruedas
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) fue la encargada de presentar estos datos alarmantes. La antigüedad promedio de 20.5 años sitúa al país en una posición de clara desventaja competitiva y de seguridad. Esta cifra contrasta drásticamente con la de socios comerciales clave como Estados Unidos, donde la edad media de la flota no supera los 15 años, evidenciando un rezago tecnológico importante.
Contaminación y Accidentes: Las Consecuencias Directas
Expertos del sector y organizaciones civiles advierten que operar con unidades tan viejas no solo se traduce en un mayor gasto de combustible, sino que también incrementa de forma alarmante las emisiones contaminantes a la atmósfera. El factor más preocupante es el riesgo latente de accidentes viales, ya que estos vehículos carecen de tecnologías modernas de seguridad, como sistemas de frenado ABS o control de estabilidad, que hoy son estándar.
Golpe a la Competitividad Nacional
Para los transportistas, especialmente los pequeños y medianos empresarios, mantener estos vehículos obsoletos representa un costo operativo insostenible por el constante mantenimiento y el alto consumo de diésel. Esta ineficiencia, según ha señalado la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), resta competitividad a toda la cadena logística del país, afectando los costos de los productos que llegan al consumidor final.
Ante este panorama crítico, líderes de la industria han hecho un llamado urgente y enérgico al gobierno federal para reactivar y fortalecer los programas de «chatarrización» que incentiven el retiro de unidades obsoletas. La principal demanda es la creación de estímulos fiscales y el acceso a créditos blandos que permitan a los transportistas renovar sus flotas, modernizar el sector y, sobre todo, hacer más seguras las carreteras de México.
