AMLO ya cuenta con facultad de otorgar amnistía de forma directa

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El Senado de la República aprobó reformas legales que otorgan al presidente de México la facultad de conceder amnistía de manera directa a individuos sentenciados o bajo proceso penal, siempre y cuando proporcionen información útil y verificable para esclarecer casos relevantes para el Estado mexicano.

La votación registró 67 votos a favor, provenientes mayoritariamente de Morena y sus aliados, mientras que 32 votos en contra fueron emitidos por la oposición. Esta última anunció su intención de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, argumentando que la modificación a la Ley de Amnistía transgrede disposiciones de la Constitución.

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La confrontación entre el bloque gobernante y la oposición, particularmente el PAN, fue evidente durante el debate. Los opositores expresaron preocupación por el riesgo de otorgar al presidente la capacidad de liberar delincuentes sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Amnistía y más allá de las facultades que le concede la Constitución.

El coordinador panista, Julen Remetería, advirtió sobre la posibilidad de que se conceda amnistía a individuos involucrados en delitos graves como narcotráfico, violación, secuestro y desaparición forzada, lo que, según él, daría al presidente un poder casi absoluto.

Por su parte, miembros de Morena como César Cravioto argumentaron que estas reformas buscan alcanzar la verdad en casos emblemáticos como Ayotzinapa, Tlatlaya y San Fernando, subrayando que la amnistía se otorgará únicamente a quienes proporcionen información verificable.

A pesar de las 17 reservas presentadas para eliminar el nuevo artículo 9 de la Ley de Amnistía, todas fueron desechadas durante la discusión. La minuta que contiene estas reformas fue turnada a la Cámara correspondiente para su revisión y eventual aprobación.

El debate sobre estas reformas refleja las tensiones políticas y las preocupaciones sobre el alcance del poder presidencial en México, así como la búsqueda de equilibrio entre el acceso a la verdad y la garantía del Estado de derecho.

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