Las terapias de conversión, también conocidas como terapias de reorientación sexual o terapias reparativas, son prácticas pseudocientíficas que pretenden cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, generalmente de homosexualidad a heterosexualidad, o de identidades trans a cisgénero. Estas prácticas suelen involucrar métodos inhumanos y degradantes, como el uso de electroshock, aversión, exorcismos, y terapias de reafirmación de género, entre otros.
Estas terapias se basan en premisas erróneas y estigmatizantes sobre la sexualidad y la identidad de género, y han sido desacreditadas por la comunidad médica y científica internacional. Además de ser ineficaces, representan una violación flagrante de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, la integridad física y mental, la igualdad y la no discriminación.
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La práctica de las terapias de conversión ha sido condenada por numerosas organizaciones de derechos humanos, así como por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas. Países de todo el mundo están tomando medidas para prohibir estas prácticas y proteger a las personas LGBTQ+ de los daños físicos y psicológicos que pueden causar.
En México, diversas jurisdicciones han prohibido este tipo de terapias, como la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Yucatán y Baja California Sur. En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró que estas prácticas carecían de fundamento médico y constituían una seria amenaza para la salud y los derechos humanos de los individuos afectados.
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Fue el 24 de julio de 2020 cuando la CDMX se convirtió en el primer territorio en el país donde quedaron prohibidas las terapias de conversión, estableciendo que aquellos que las implementen serán sancionados con penas de entre 3 y 5 años de reclusión, además de cumplir con entre 50 y 100 horas de trabajo comunitario. En casos donde la víctima sea menor de edad, las sanciones aumentarán en un 50 por ciento.
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Es fundamental reconocer que la orientación sexual y la identidad de género son aspectos fundamentales de la dignidad humana, y que todas las personas tienen derecho a vivir libremente su sexualidad y expresar su identidad de género sin miedo a ser objeto de discriminación, violencia o coerción
