El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha impugnado el método extraordinario implementado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para designar a funcionarios dentro de la institución. La impugnación fue presentada a través de un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Apelación
Mónica Soto, quien asumirá la presidencia del TEPJF a partir del 1 de enero, fue designada por turno aleatorio para llevar este asunto. El recurso de apelación se basa en el desacuerdo con el acuerdo emitido por el Consejo General del INE, identificado como INE/CG686/2023, que aprueba un mecanismo extraordinario destinado a garantizar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales del Instituto.
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La ficha de apertura del expediente detalla: “Mediante escrito, se interpone recurso de apelación en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del INE, identificado como INE/CG686/2023, por el que se aprueba un mecanismo extraordinario para garantizar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales del Instituto”.
El PRI había anticipado la impugnación el pasado sábado, cuando el mecanismo fue aprobado por una votación de seis a favor y cinco en contra, incluyendo el voto en contra de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei. Previamente, cinco consejeros y representantes de cinco partidos políticos (PRI, Movimiento Ciudadano, PT, Verde y Morena) expresaron su desacuerdo, considerando el mecanismo como un elemento ilegal e inconstitucional.
El mecanismo
El mecanismo en cuestión ordena a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, proponer en un plazo máximo de un mes a los titulares de las áreas que actualmente operan con encargados de despacho, incluida la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, este procedimiento ha generado controversias al prever candados que van en sentido opuesto a la estrategia de la presidenta.
El PRI espera que el TEPJF analice de manera objetiva la impugnación presentada y que se resuelva conforme a derecho, asegurando el respeto a los principios democráticos y la legalidad en el proceso de designación de funcionarios del INE.
