Marcos Pérez Esquer
Sheinbaum propuso una reforma constitucional para exigir que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura no tengan otra nacionalidad o, si la tienen, renuncien a ella antes de solicitar el registro de su candidatura. La intención -dijo- es garantizar que el interés y la soberanía nacionales guíen la actuación de nuestros gobernantes.
El propósito no es del todo absurdo, porque quien ocupa la Presidencia de México ejerce la jefatura del Estado, conduce la política exterior, dispone de información de seguridad nacional y es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que resulta razonable exigirle un estándar especialmente elevado de lealtad al país.
Incluso algunas medidas concretas propuestas parecen sensatas. Durante el ejercicio del cargo, por ejemplo, se pretende impedir que el gobernante adquiera otra nacionalidad, invoque ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, ejerza derechos políticos inherentes a ella o solicite protección diplomática de otro Estado. El problema entonces no está en el propósito, sino en el hecho de que la propuesta adopta una restricción más amplia de lo necesario.
La regla que plantea la presidenta no supera un test de proporcionalidad, porque si bien persigue un objetivo legítimo, existen otras medidas menos restrictivas capaces de garantizar que quien gobierna México actúe exclusivamente en defensa de los intereses nacionales, por lo que no se justifica el privar del derecho a competir por determinados cargos a todo mexicano que tenga otra nacionalidad. Sobre todo porque la reforma parte implícitamente de una premisa bastante ofensiva: que tener doble nacionalidad pone automáticamente en duda la lealtad a México.
Millones de mexicanos poseen doble nacionalidad. Algunos la tienen por haber nacido en otro país; otros, por ser hijos de padres extranjeros; muchos emigraron durante años y adquirieron otra nacionalidad sin perder por ello identidad, afecto ni compromiso con México. Presumir que todos ellos padecen una suerte de lealtad nacional disminuida resulta absurdo e insultante.
En 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos abordó un problema semejante en el caso Tanase vs. Moldavia. Moldavia había impedido que ciudadanos con doble nacionalidad ocuparan determinados cargos electivos. El Tribunal reconoció que proteger la independencia del Estado constituye una finalidad legítima, pero concluyó que una prohibición general era desproporcionada: los riesgos reales para los intereses nacionales podían combatirse mediante medidas dirigidas contra las conductas concretas que los pusieran en peligro.
Esa lógica resulta mucho más sensata: mayor responsabilidad para quien pretende gobernar, sí; presunción general de deslealtad contra los binacionales, no.
Por otra parte, además de que la propuesta mete en el mismo saco situaciones completamente distintas, hay un problema elemental de eficacia jurídica: México puede exigir que alguien renuncie a otra nacionalidad, pero no puede obligar al otro Estado a aceptar esa renuncia. Cada país determina soberanamente quiénes son sus nacionales y bajo qué condiciones dejan de serlo. Australia ya se metió precisamente en ese entuerto: su prohibición de que ciudadanos que también sean nacionales de otra potencia integren el Parlamento provocó una auténtica crisis política y una extensa litigiosidad, obligando a su Tribunal Superior a determinar qué ocurre cuando la legislación extranjera dificulta o impide la renuncia y a desarrollar el criterio de los “pasos razonables” para evitar que la voluntad de otro Estado pueda hacer irremediablemente inelegible a un ciudadano australiano. México corre el riesgo de importar la problemática australiana: que -paradójicamente- un mexicano quede impedido para gobernar su propio país no por falta de lealtad ni por una decisión propia, sino porque otro Estado se niegue a dejar de considerarlo nacional.
Tampoco parece justificable, por otro lado, aplicar la misma restricción al Presidente de la República que a los gobernadores, quienes no conducen la política exterior ni ejercen el mando de las Fuerzas Armadas.
Pero existe una contrariedad todavía más evidente: un pasaporte mexicano único tampoco garantiza lealtad alguna. México ha tenido y tiene gobernantes sin doble nacionalidad cuyas conductas concretas revelan ya no digo deslealtad sino verdadera traición a México. Ahí está Rocha Moya como ejemplo.
México tiene todo el derecho de exigir lealtad absoluta a quienes lo gobiernan y a introducir ciertas restricciones al respecto, pero no puede -sin ser injusto-, estigmatizar a millones de compatriotas presumiendo que quien tiene dos nacionalidades le es menos fiel.
