El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el inicio de un proceso judicial orientado a revocar la ciudadanía estadounidense a Andrea Marroquín, ciudadana de origen colombiano identificada como hija y heredera de un importante operador del narcotráfico. La acción jurídica forma parte de una estrategia migratoria que involucra a un grupo de 17 personas naturalizadas acusadas de cometer fraude procesal de manera deliberada.
La fiscalía federal promovió cuatro demandas formales ante los tribunales correspondientes en contra de Marroquín Rubiano, de 44 años, argumentando que la imputada incurrió en falsedad de declaraciones y carecía de la «buena conducta moral» requerida por los estatutos federales al momento de su naturalización en 2009. De acuerdo con los expedientes institucionales, la señalada obtuvo la residencia permanente ocultando un matrimonio bígamo y, de manera paralela, participó en esquemas de fraude electrónico, bancario y lavado de dinero entre los años 2003 y 2011, utilizando activos financieros heredados de su padre —estimados en decenas de millones de dólares— para fondear transacciones inmobiliarias en Miami, Florida.
El fiscal federal interino, Todd Blanche, precisó que estos recursos legales reflejan la política de «tolerancia cero» implementada por la administración del presidente Donald Trump ante el abuso o la vulneración de los filtros de control del sistema de naturalización. Las carpetas de investigación señalan que, si bien la acusada ya cumplió previamente una sentencia en prisión por delitos financieros, el ocultamiento de sus antecedentes delictivos y de sus nexos familiares directos con estructuras delictivas de la década de los noventa invalida la legalidad de los beneficios migratorios obtenidos.
El despliegue de estas demandas de desnaturalización también alcanza a ciudadanos originarios de países como México, Cuba, Jamaica, India, China y Filipinas bajo causales similares de antecedentes penales no declarados. En caso de que las autoridades judiciales fallen a favor del Departamento de Justicia, las personas implicadas perderán de manera inmediata los derechos civiles estadounidenses y serán restituidas a su estatus migratorio anterior, quedando sujetas a los procedimientos normativos de deportación vigentes.
