Cuando la información se oculta, la desconfianza pública se erosiona.
Por Mauricio Leyva Castrejón
En tiempos donde prácticamente toda la vida pública pasa por una pantalla, la transparencia dejó de ser un concepto burocrático para convertirse en una necesidad democrática. Hoy los ciudadanos exigen saber cómo se toman las decisiones, cómo se gastan los recursos públicos y quién responde cuando las cosas salen mal. Y esa exigencia ocurre en tiempo real, desde un teléfono móvil y a través de plataformas digitales que han transformado para siempre la relación entre gobiernos y sociedad. El Día Internacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se conmemora cada 17 de mayo, no debería limitarse a celebrar avances tecnológicos o mayores niveles de conectividad. También tendría que servir para preguntarnos qué tan útil resulta toda esa infraestructura digital si la información pública sigue siendo incompleta, inaccesible o poco confiable. La transparencia no consiste únicamente en subir documentos a una página oficial. Significa garantizar que la información sea clara, verificable y comprensible para cualquier ciudadano. Porque una democracia moderna no puede sostenerse sobre la opacidad. Cuando la información se oculta, se manipula o simplemente no se explica, la desconfianza crece. Y cuando la confianza pública se erosiona, también se debilita la gobernabilidad.
México conoce bien ese problema. Durante años el país construyó instituciones orientadas a fortalecer el acceso a la información y la rendición de cuentas. Sin embargo, los avances tecnológicos no siempre han ido acompañados de una verdadera cultura de apertura gubernamental. Muchas veces los datos existen, pero son difíciles de encontrar; otras veces se publican de manera fragmentada o con un contexto insuficiente para que la ciudadanía pueda entenderlos y utilizarlos. A esto se suma otro fenómeno preocupante: la sobreinformación. Nunca habíamos tenido acceso a tantos datos, pero tampoco habíamos estado tan expuestos a la desinformación, las noticias falsas y la manipulación digital. Las redes sociales han democratizado la comunicación, sí, pero también han acelerado la polarización y la difusión de contenidos sin sustento. En medio de ese ruido permanente, la transparencia institucional adquiere todavía más valor. La confianza no se construye con discursos ni campañas de comunicación. Se construye cuando las autoridades informan con claridad, reconocen errores, transparentan contratos, explican decisiones y permiten que la ciudadanía cuestione. La transparencia efectiva incomoda porque obliga a rendir cuentas, pero precisamente ahí radica su importancia para cualquier sistema democrático.
Otro reto importante para México sigue siendo la desigualdad digital. Hablar de sociedad de la información en un país donde millones de personas aún tienen acceso limitado a internet refleja una contradicción evidente. La brecha tecnológica también es una brecha democrática. Quien no tiene conectividad difícilmente puede ejercer plenamente su derecho a informarse, participar o exigir cuentas. Además, conforme avanza la digitalización gubernamental, crece la necesidad de proteger los datos personales y fortalecer la ciberseguridad. No basta con modernizar plataformas o digitalizar trámites; también se requiere garantizar privacidad, seguridad y confianza en el manejo de la información ciudadana. En realidad, la transparencia es mucho más que una obligación administrativa. Es un factor de estabilidad política, de legitimidad institucional y de desarrollo económico. Los países que generan confianza son también los que atraen inversión, fortalecen sus instituciones y enfrentan mejor las crisis.
México tiene frente a sí una oportunidad importante: aprovechar la transformación digital para consolidar una relación más abierta entre gobierno y ciudadanía. Pero eso exige voluntad política, instituciones sólidas y una sociedad cada vez más crítica e informada. La información no solo representa poder. También representa responsabilidad.
